Un juez federal libró orden de localización y detención con fines de extradición contra Rafael Caro Quintero. En cuestión de horas y con base en el argumento de obvia urgencia, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo ayer el mandamiento judicial.

Con ello, las autoridades mexicanas deberán buscar y aprehender al ex líder del cártel de Jalisco para que sea puesto a disposición de una corte en California, Estados Unidos, y sea juzgado por diversos delitos, informó la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam.

Versiones extraoficiales señalaron que Estados Unidos envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sábado pasado –un día después de que Caro Quintero recuperara su libertad–, pero apenas ayer la procuraduría recibió la petición e inmediatamente le dio trámite.

La PGR no reveló qué juzgado federal libró el mandamiento judicial ni si presentará un recurso de revisión contra la sentencia que pemitió que Caro Quintero recuperará su libertad la semana pasada, luego de 28 años de prisión –estaba condenado a 40–, ni los delitos de que se acusa al capo, quien ya no podrá ser enjuiciado por el homicidio del agente estadunidense Enrique Camarena Salazar.

De acuerdo con el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, una vez que Caro Quintero sea detenido, el gobierno de aquel país tendrá 60 días para formalizar su solicitud de extradición. Asimismo, deberá entregar al juez que autorizó la aprehensión un expediente en el cual constarán los delitos que se le imputan y las pruebas que posee la autoridad que lo solicita.

El juez mexicano deberá iniciar un proceso para determinar si es procedente la extradición, para lo que deberá revisar que no haya sido juzgado en territorio nacional por los delitos por los que es solicitado, y que no se le impongan castigos que incluyan cadena perpetua o pena de muerte.

Desde hace 28 años, Caro Quintero es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades estadunidenses, luego de ser acusado de participar, en 1985, como uno de los autores intelectuales y materiales del homicidio de Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que operaba en la zona norte de México.

Camarena Salazar, originario de Baja California, México, se convirtió en agente encubierto de la DEA, y con apoyo de Alfredo Zavala, piloto aviador que trabajaba para la Secretaría de Agricultura, descubrió el rancho El Búfalo, en el estado de Chihuahua, que tenía una extensión de mil hectáreas y en el que laboraban más de 700 jornaleros y se almacenaban más de 10 mil toneladas de mariguana.

Ese hallazgo provocó que los líderes del cártel de Guadalajara, organización en la cual Caro Quintero era uno de los jefes, ordenaran –según las investigaciones de la época– que el agente de la DEA y el piloto fueran privados de la libertad por los narcotraficantes, torturados y asesinados en la ciudad de Guadalajara, en febrero de 1985; sus cadáveres fueron descubiertos un mes después en el poblado de La Angostura, en Michoacán.

Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue detenido en abril de 1985; desde entonces estuvo en prisión y se le iniciaron seis procedimientos penales.

La semana pasada, tribunales federales, con sede en Jalisco, sobreseyeron cuatro de los procesos penales contra el capo; es decir, dejaron sin efecto las sentencias impuestas en los juicios por delitos contra la salud y por los homicidios de cuatro personas, entre ellos los de Camarena Salazar y Alfredo Zavala, por haber sido juzgado por una autoridad incompetente.

En otra de las causas se le absolvió, y en la sexta se le condenó a 15 años, y como ya había pasado más tiempo en prisión, salió libre del Reclusorio Preventivo Estatal, en Puente Grande, Jalisco. Su caso se resolvió en el mismo tribunal que durante 15 años le concedió amparos directos que lograron llevarlo de cárceles de alta seguridad a una de mediana, resoluciones que también allanaron el camino para su liberación.

El primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, con sede en Jalisco, resolvió amparos cruciales en el proceso judicial que se siguió al narcotraficante sinaloense, como el de abril de 1997, cuando le otorgó uno directo para anular la condena de 40 años dictada en 1988 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA y del piloto Zavala, expediente que se llevaba en el juzgado cuarto de distrito en materia penal de Jalisco, con número 224/95.

Más tarde, unos careos que no se desahogaron fueron motivo para que ordenara la reposición del procedimiento. Ante ese amparo, hubo rumores sobre la posible salida de prisión de Caro Quintero que obligaron a la PGR a emitir un comunicado para desmentir las especulaciones y señalar que la resolución no alteraba otras pruebas ofrecidas por la fiscalía para condenar al capo, entre otros.

Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal