La Contraloría General del Distrito Federal tiene abiertas cuatro investigaciones por irregularidades en el ejercicio de gobierno en la delegación Coyoacán. En dos se involucra directamente al titular de la demarcación, Mauricio Toledo Gutiérrez.

Se trata de denuncias presentadas por ciudadanos y diputados locales del Partido Acción Nacional que tienen que ver con la construcción un edificio de departamentos en la calle Céfiro, en la colonia Insurgentes Cuicuilco; el caso de la gasolinería El Calerón, la entrega de despensas a finales del año pasado sin justificar mediante que programa se llevó a cabo dicha acción y por la inclusión en la nómina de la delegación de integrantes de comités vecinales.

Procesos similares mantiene en la delegación Tlalpan, por dos denuncias contra funcionarios que habrían solicitado dinero para llevar a cabo trámites, entre ellos el director de Jurídico y Gobierno, Gustavo Adolfo Roque, quien incluso fue inhabilitado de manera preventiva, aunque antes éste había presentado su renuncia al cargo.

En ambos casos, dijo el titular de la dependencia, Hiram Almeida Estrada, se trabaja de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante la posibilidad de que en los hechos denunciados se pueda configurar un delito.

En conferencia de prensa, informó que la contraloría ha aplicado 727 sanciones contra diversos funcionarios públicos, de las cueles 69 ya están en firme, de allí que los nombres de 63 servidores públicos involucrados –36 del actual gobierno– fueron publicados en la página de Internet www.anticorrupcion.df.gob.mx.

En la mayoría de los casos se trata de amonestaciones, en menor medida suspensiones e inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos, que van de tres días a cinco años. Hay dos destituciones y cuatro multas económicas.

Las sanciones, explicó, se debieron principalmente por violaciones a la ley, irregularidades administrativas y mal manejo de recursos públicos, aunque en la lista publicada en Internet no se especifica la conducta penada ni el puesto o dependencia en la que laboraban los implicados.

Los casos que sobresalen son los de Ernesto Santos Jardón Contreras, quien fue inhabilitado por cinco años y multado conmás de 322 mil pesos; Edmundo Alencaster Villalba, destituido, inhabilitado por un año y sancionado económicamente con 98 mil 656 pesos, y José Luis Morales Ramírez, inhabilitado y multado con 49 mil 146 pesos.