La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una investigación por la agresión de la que fueron víctimas poblaciones callejeras en la delegación Cuauhtémoc el pasado 14 de agosto por un grupo de encapuchados, informaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Durante la madrugada del miércoles un grupo de jóvenes que pernoctaban en las calles Artículo 123 y Humboldt nuevamente fueron víctimas de actos de violencia por un grupo de personas encapuchadas, quienes los privaron de su libertad, los golpearon y amenazaron.

Por estos hechos, la CDHDF ya tomó testimonios de las víctimas, según expresaron mediante un comunicado la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, Red por los Derechos de la Infancia en México y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

De acuerdo con los afectados, cerca de las 4 de la mañana un grupo de al menos ocho personas –hombres y mujeres– encapuchadas privaron de su libertad a cinco personas que forman parte de la población callejera, y las su­bieron a la fuerza a una camioneta. Durante dos horas estos jóvenes recibieron golpes y amenazas de hacerles más daño si no se retiraban. Cerca de las 6 horas fueron abandonados en el oriente de la ciudad de México, en las inmediaciones del Metro Pantitlán.

Parte de las amenazas fue decirles que no les importaban las acciones de la CDHDF y de la ONG El Caracol AC (quienes han mantenido la defensoría de esta población).

Este grupo callejero ha sido agredido en otras ocasiones. Fue objeto de trata en el anexo llamado Los Elegidos de Dios; además, en agosto de 2012, otro grupo de choque los atacó en la madrugada para desalojarlos e iniciar la construcción de una estación de EcoBici en el mismo sitio, detallaron.

Por lo anterior, los activistas expresaron que estos hechos confirman que la discriminación y violación a derechos de la población callejera continúa teniendo como objetivo la limpieza social del Centro Histórico, usando para ello grupos de choque que actúan impunemente sin que se garantice una investigación y acceso a la justicia por parte de las autoridades responsables.

En este escenario hicieron un llamado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para cons­truir una política pública focali­zada en la restitución de los derechos humanos de las poblaciones callejeras y exigieron protección inmediata y apropiada para este grupo en situación de calle y la ONG El Caracol, además de que se investiguen a fondo los hechos, se localice a las personas respon­sables y se garantice el derecho a la justicia para las víctimas.