l curso accidentado de la presunta reforma educativa podría aportar algo de enseñanza a quienes creen desde el poder que la simple tramitación de iniciativas legales puede resolver problemas colectivos de fondo sin tomar en cuenta de verdad a los principales involucrados.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las modificaciones relacionadas con lo magisterial han avanzado sin contratiempos, a tal grado que, aprobado lo sustancial en meses anteriores, ahora se pretende culminar la tarea en los próximos períodos extraordinarios de sesiones de las cámaras, con la autorización de las correspondientes leyes secundarias.

En lo político institucional y en lo carcelario, el camino también pareciera libre de obstáculos: la obstructora jefa sindical, Elba Esther Gordillo, ha sido recluida bajo cargos de la sabida y tolerada gran corrupción que practicó largamente mientras resultó funcional a los proyectos de los gobernantes en turno, y en su lugar fue instalado un personaje difuminado, Juan Díaz de la Torre, con aires de administrador habilitado por las circunstancias.

Tales avances en una reforma que va más al control laboral y a la reinserción de las bases magisteriales a la matriz priísta (luego del experimento autonómico del Panal) han sido ampliamente celebrados por el habitante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y por el también mexiquense Emilio Chuayffet, actual secretario de educación, al que por sus múltiples cargos importantes anteriores podría reputarse como agudo oficiante de la negociación política para evitar estallidos y rupturas.

Sin embargo, el reavivado movimiento sindical no oficialista, agrupado en términos generales bajo la sombrilla de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está de nuevo en las calles con desplegadas banderas de guerra política. No se trata de una más de las cíclicas movilizaciones de protesta que suelen devenir en arreglos más o menos previsibles. En esta ocasión, la batalla se refiere a la nueva manera de regir la relación con el poder priísta absorbente y sobrerregulador.

No se está frente a un esfuerzo gubernamental legítimo en busca de mejorar la deprimente situación educativa nacional, sino en presencia de un manotazo de oportunidad que ha dado el nuevo PRI en busca de realinear al sindicalismo oficialista, constituido por fuerzas sociales, políticas y, sobre todo, electorales, que en momentos críticos del partido de tres colores se le fueron saliendo de control y acabaron regateando apoyos al sistema e incluso chantajeándolo. Y, respecto a los segmentos independientes o no oficialistas, se trata de supeditarlos a nuevas reglas de operación que sean mecanismos de división, confusión y reducción de esas fuerzas antipriístas.

Esa experta movilización masiva de profesores pertenecientes a la CNTE se suma a la creciente insatisfacción o enojo social (según el grado que cada cual asuma) por los términos de la pretendida reforma energética (RE). Conforme se van conociendo más detalles de lo que significarían esas modificaciones, y de la voracidad de grandes consorcios trasnacionales por el negocio que les ha sido ofrecido con toda anticipación, aumenta la percepción en una franja social de que es necesario actuar con energía para impedir la acometida final del peñismo en cuanto a privatizaciones en materia de energéticos.

Muy solícitos para tratar de darle cauce propio a esa inquietud ciudadana encaminada a convertirse en protesta masiva el próximo 8 de septiembre, con AMLO y Morena como principales actores y factores, los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática están explorando diversas formas de manifestarse críticos y relativamente opositores (un ejemplo épico: se contrarrestará la campaña mediática oficial mediante el uso de los tiempos oficiales partidistas con espots contra la RE).

Ayer mismo se dio a conocer la redacción de seis preguntas con las que se realizará una encuesta nacional para que defina su posición un partido de izquierda al que, por lo visto, sus documentos básicos y su historia no le fueron suficientes para fijar una postura de manera tajante e instantánea. Tal ejercicio estará contaminado por la fundada mala fama que han adquirido en ese instituto político los ejercicios de emisión de votos y conteo de ellos. Esta vez, a esa opción preferencial por el fraude interno se añadirá la inductiva redacción de algunas de las preguntas, lo que, al hacer previsibles las respuestas, dará poco peso a los resultados finales, como si ese esfuerzo fuera en realidad una fórmula considerada para mostrar un oposicionismo ligero e incluso para pasar el tiempo mientras otros mecanismos políticos encuentran desenlaces.

Además de la consulta, como si ya se conocieran los resultados y por ello se les diera la consecuente forma de una iniciativa de reformas legales en el sentido señalado en las urnas, el PRD iniciará la semana en puerta con la presentación de su propuesta de reforma energética. Según se ha anunciado, a la cabeza estará Cuauhtémoc Cárdenas Solór­zano, convertido en opositor abierto de cualquier cambio en la letra constitucional, especialmente en el artículo 28, aunque decidido a aceptar en general las fórmulas de participación privada que no contravengan las grandes líneas del nacionalismo trazado por su padre. ¿Hay un activismo de genuina oposición en el PRD, cuya sección capitalina realizó ayer reparto de volantes, activismo uniformado y mitin afuera del edificio central de Pemex, con oradores trepados en el techo de un camión? ¿El ingeniero Cárdenas y el PRD aprobarían las grandes líneas privatizadoras si a fin de cuentas derrotaran al PRI y no se cambiara la letra de ningún artículo constitucional, en una calculada cesión peñista para ganar legitimidad y desactivar protestas morenas?

Y, mientras en Aquila, Michoacán, se aparenta el retorno a una normalidad vigilada por centenares de militares, con los pobladores alarmados porque, según su visión, se les va dejando inermes ante los Caballeros templarios, ¡feliz fin de semana!

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