esulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética.

La lucha principal de Lázaro Cárdenas fue por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación y su desarrollo independiente. Ese fue el objetivo de fondo de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y de su firme oposición posterior al otorgamiento de contratos de riesgo. La iniciativa oficial va justamente en sentido contrario.

Ciertamente, la propuesta de reforma del artículo 27 constitucional que el Ejecutivo ha remitido al Congreso, recupera el texto reformado de ese artículo durante la administración de Cárdenas, con posterioridad a la expropiación, y en eso se ha centrado el amplio despliegue de propaganda oficial para tratar de hacer creer a la opinión pública que la propuesta corresponde a la ideología y a las luchas que Lázaro Cárdenas libró en vida en favor de México y su pueblo.

La propuesta de reforma del 27 constitucional podría resultar irrelevante si no estuviera acompañada de la propuesta para reformar al artículo 28 de la Constitución. De aprobarse la reforma de este artículo 28, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.

Con la iniciativa de reforma del 28 constitucional, queda clara la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado la conducción de la industria petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que manejen y se beneficien con la explotación de los hidrocarburos mexicanos.

La propuesta oficial, por otro lado, es intencionadamente incompleta, pues no da cuenta de qué leyes secundarias se propone modificar y en qué sentido, pero la intención de fondo, repito, ha quedado clara con la iniciativa de reforma del artículo 28 de la Constitución.

En el debate que se ha abierto sobre la reforma energética, es frecuente escuchar que no se tienen propuestas para combatir la corrupción. Combatir este mal no es cuestión de reformar leyes. Si el gobierno, si cualquiera de las instituciones del Estado o cualquiera de sus funcionarios tienen detectada alguna irregularidad o la comisión de algún delito, su obligación no es proponer la reforma de alguna ley, sino aplicar ésta con todo rigor y sancionar al culpable. Ninguna reforma de ley dirá castíguese a tal o cual individuo, y la ley ya establece que es responsabilidad del Estado corregir cualquier falla y perseguir y sancionar cualquier delito.