l próximo 30 de agosto, la Organización de Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Buena ocasión para informar y sensibilizar acerca de este problema que en los años recientes ha lacerado a decenas de miles de familias mexicanas.

“Yo les digo a mis hijos: miren, les prometo que no voy a descansar hasta que no sepa qué hicieron con su padre, aunque sea trayéndoles un pedazo de hueso de él…” La frase de esa mujer joven, cuyo marido, agente de la policía ministerial de Chihuahua, desapareció mientras se dirigía a una misión en la sierra, resume el infierno que viven decenas de familias ante la desaparición forzada o involuntaria de alguno de los suyos.

Expresiones como esa, lágrimas, acusaciones, sollozos desesperados, tienen que escuchar el subprocurador para Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, y su equipo, durante toda la mañana del miércoles 7 de agosto en la ciudad de Chihuahua. Hay que reconocer la paciencia y la sensibilidad de todos los funcionarios ante el cúmulo de denuncias que se les presentan en una reunión organizada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), El Barzón, Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Resissste, entre otras.

Acá y no en los observatorios y estadísticas se palpan los terribles costos humanos de la estrategia calderonista-peñanietista de combate al crimen organizado. Acá es donde no hay cuentas sino tristes y desesperadas, pues las alegres se las dejan a quienes tienen que justificar elecciones, puestos y presupuestos.

El Cedhem respalda con fichas personales y datos estadísticos lo que dos docenas de madres, hijas, padres, hermanas desesperadas le exponen al equipo de García Cervantes: a pesar de una reiterada negativa del gobierno federal, por fin en febrero del presente año reconoce que obran en su poder 27 mil reportes de personas desaparecidas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que cuenta con más de 48 mil reportes entre 2005 y 2012. Tan sólo en el estado de Chihuahua, uno de los más golpeados por las desapariciones, las autoridades reconocieron en abril pasado tener mil 552 reportes, aunque hay muchas personas que no se animan a denunciar la desaparición de sus seres queridos, por miedo a que quienes reciban la denuncia estén coludidos con los autores de las desapariciones.

La mayor parte de los familiares de víctimas presentes en la reunión del 7 de agosto vienen de la región de Cuauhtémoc, que con otros 19 municipios serranos y del llano, varios de ellos controlados totalmente por el crimen organizado, forma parte de la región occidente de la Fiscalía General del Estado. Ahí, de acuerdo con los datos del Cedhem, tan sólo en dos meses de 2011 desaparecieron 61 personas, la mayoría hombres. En abril pasado, la fiscalía reconoció tener reportes vigentes de 352 personas desaparecidas, aunque los rebajó a 199 un mes después.

Todos los casos estrujan e indignan. Hay algunos que destacan: por ejemplo, el de ocho varones adultos de la familia Muñoz Veleta, padre, hijos, sobrino y yerno, el 19 de junio de 2011, abducidos por varios comandos uniformados y encapuchados, en Colonia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc. O el de un jefe de familia, detenido por un patrullero de tránsito de ese mismo municipio, que nunca más fue visto. Y así se podría continuar. Los rastros, los informes oficiales, brillan por su ausencia. Sin embargo, en octubre de 2011, en el rancho Dolores, aledaño a Cuauhtémoc, se encontró una gran cantidad de restos humanos calcinados. Hasta ahora las autoridades no han revelado a cuántas personas pertenecen, aunque extroficialmente se sabe que hay cuando menos 200 sobres que contienen evidencias humanas.

Lo que es muy semejante en todos los casos es el proceso que siguen los parientes de las víctimas y la respuesta sistemática del aparato de procuración de justicia: denuncia de la desaparición; desdén de las autoridades, quienes la califican simplemente como una o unas personas extraviadas; involucramiento de la familia en la investigación; negligencia de autoridades; amenazas a la familia, ya sea de los criminales o de las autoridades coludidas con ellos. Mismas actitudes con el gravísimo problema de la trata de personas. Lo denuncia con valentía Norma Ledezma, fundadora y directora de Justicia para Nuestras Hijas, madre de Paloma, desaparecida y asesinada hace 11 años, los mismos que lleva su madre en el activismo, en la denuncia, en el acompañamiento a otras mujeres. Buena parte de los feminicidios, señala, están relacionados con redes criminales de trata. Las policías lo saben, pero fingen o encubren. Ella, con otras madres, han tenido que convertirse en buscadoras de huesos en el desierto y, por desgracia, han encontrado restos de muchachas, a unos cuantos metros de las brechas recorridas incesantemente por patrullas. La trata antecede, acompaña y sigue a la guerra contra el narcotráfico, es otra de las facetas de la globalización del crimen, de la mercantilización hasta el extremo del cuerpo humano.

Las organizaciones derechohumanistas como estas de Chihuahua, y los colectivos de víctimas, van a aprovechar este Día Internacional de las Víctirmas de Desapariciones Forzadas para reiterar sus demandas a los representantes del Estado: implementación de la Ley General de Víctimas; cumplimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre ese tipo de desapariciones; reconocimiento por parte de gobierno del estado del problema de las desapariciones forzadas y acciones consecuentes con ello; recepción de los expedientes integrados por las organizaciones derechohumanistas, información continua y mesas de trabajo con ellas: contratación de expertos independientes; creación de bancos de datos genéticos a escala nacional para identificar víctimas; fin a la impunidad de los autores de las desapariciones y de la trata.

Veamos cómo responde el Estado, pues hasta ahora, ante la doble pesadilla de las desapariciones y la trata, o no puede, o no quiere.