a posición del gobierno mexicano ante el debate que se está dando en Estados Unidos en relación con la reforma migratoria, y que va a afectar a millones de mexicanos indocumentados que se encuentran trabajando en el país vecino, es prácticamente de silencio. El argumento esgrimido, por supuesto cuestionable, es que se trata de un asunto interno, doméstico, de Estados Unidos. Y a pesar de que voces muy autorizadas como la de Jorge Bustamante se han expresado objetando severamente tal decisión, el gobierno se ha mantenido como aquel que decía: ni los oigo ni los veo
. Y sin embargo, ante cuestiones que sí son decisiones de política interna del gobierno mexicano, como los temas de frontera sur y migración, el país ha permitido una intromisión por parte de Estados Unidos que es inaceptable pues, al tratarse de una frontera que compartimos con los centroamericanos, en todo caso somos ellos y nosotros los que debemos discutir las condiciones del flujo migratorio y garantizar, por encima de cualquier cosa, el respeto a los derechos humanos de esos migrantes.
Una revisión histórica muy acotada nos dará alguna idea de esta intrusión.
En primer lugar llama la atención, aunque no debería, que en la última visita que realizó a México la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, propuso sin el menor rubor –y las autoridades dijeron por supuesto, sí señora– la forma en la que van a intervenir en la frontera mexicana, tanto la norte como la sur. Como señala La Jornada (25 de julio), en ausencia de autoridades centroamericanas, acordaron el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de nuestro país, a fin de lograr un flujo migratorio ordenado y con respeto a los derechos humanos
, y cómo no, pues para el país del norte todo lo que sean fronteras son cuestiones de su seguridad nacional
.
Parecería el colofón de una larga historia de intervenciones, pues quien decide las políticas internas y las formas es, por supuesto, Estados Unidos. A partir del Tratado de Libre Comercio, una de cuyas consecuencias ha sido la devastación de enormes sectores productivos mexicanos, sobre todo del campo, y que ha dado lugar a la gran tragedia de los indocumentados a los que ahora, sin embargo, se les niega lo que en derecho les corresponde, la permanencia legal al haber entregado su vida beneficiando a la economía de ese país. Pero además del interés económico, que sin duda ha sido un instrumento de subordinación de la economía mexicana a Estados Unidos, también ha servido para expandir los intereses de seguridad nacional estadunidense a todo el continente, en el que México juega un papel central geoestratégico (Juan Manuel Sandoval).
Otro acontecimiento importante se dio entre los años 2001-2003, cuando se instauró un mecanismo para frenar la migración proveniente de la frontera sur de México, el llamado Plan Sur, reforzando la presencia militar y policial en dicha frontera, y que respondía a los compromisos adquiridos por Vicente Fox con Estados Unidos en una reunión en San Diego, California.
Después de los atentados del 11 de septiembre, los refuerzos a los mecanismos que garantizaran la seguridad nacional de Estados Unidos se incrementaron. Entre ellos están las llamadas fronteras inteligentes
, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que, como señala John Saxe-Fernández, es un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados a favor de Estados Unidos
. Y finalmente la firma del llamado Plan México, o llamada Iniciativa Mérida, entre cuyos objetivos se encuentra la capacitación y adiestramiento para controlar el flujo migratorio de las fronteras norte y sur
.
Es decir, México tiene que detener a los migrantes centroamericanos pues así conviene y son las instrucciones de Estados Unidos. Por eso utiliza el mismo expediente, las inhumanas deportaciones, las detenciones, la persecución. Está haciendo el trabajo sucio, aun cuando se aprobó una ley de migración cuyo eje gira en torno a la no criminalización de los migrantes. La realidad es que en los hechos es letra muerta, pues se sigue criminalizando a los migrantes, siguen las autoridades coludidas con los criminales para extorsionarlos y torturarlos con total impunidad, son esos mismos policías los que atacan los albergues de migrantes, actos prohibidos por la ley, así como las redadas de esas corporaciones, que también están sancionadas por la ley de migración. Y para mayor escarnio, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que sus agentes seguirán participando en la detención de indocumentados y traficantes de personas por igual.
Se ha solicitado insistentemente, por parte de diversos grupos sociales, que, para abatir en cierta medida la vulnerabilidad de los migrantes se les otorgue una visa, ya sea de visitante, de tránsito o humanitaria. Pero se puede comprender que esto es impensable, pues Estados Unidos no lo aceptaría, y por lo tanto tampoco México. Triste situación, pues es una realidad que los gobiernos mexicanos no han defendido la soberanía nacional.
