El polémico magistrado federal del Distrito Federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien fue suspendido desde hace más de un año por supuestas irregularidades al conceder la libertad a un presunto lavador de dinero del cártel del Norte del Valle de Colombia, solicitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revoque la suspensión y resuelva a la brevedad su situación jurídica, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

En junio de 2012, el CJF suspendió por tiempo indefinido a Luna Altamirano, entonces titular del tercer tribunal unitario en materia penal. Hasta la fecha no se ha resuelto si el juzgador es responsable de alguna irregularidad administrativa y/o penal o si es inocente y se le debe reinstalar con pago de salarios caídos, que a estas alturas suman alrededor de 3 millones de pesos.

A decir de las fuentes consultadas, Luna Altamirano promovió por escrito un recurso de revisión administrativa contra el CJF, que debe ser resuelta por la Corte, ya que se trata de un procedimiento exclusivo para que jueces y magistrados se defiendan de actos arbitrarios e ilegales de la Judicatura.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que más que buscar recuperar su puesto, los abogados que asesoran a Luna Altamirano le recomendaron recurrir a esta vía para conocer los alcances de la investigación en su contra.

Luna es uno de varios juzgadores que han sido suspendidos por el CJF desde 2011 y permanecen en el limbo jurídico.

Los jueces Álvaro Tovilla León, del Distrito Federal, y Luis Armando Jerezano, que despachaba en Torreón, también fueron inhabilitados en 2011 por beneficiar a casinos y otros litigios administrativos de alto perfil, mientras que Hiram Barbosa Alanís, de Nuevo León, fue suspendido en 2011.

Fuentes del CJF informaron que las investigaciones contra estos magistrados se han desarrollado con enorme lentitud, fundamentalmente por la burocracia que impera en ese órgano administrativo y disciplinario del PJF.

De 2011 a la fecha, el CJF ha destituido a por lo menos cinco jueces de distrito y un magistrado de circuito, entre ellos el juez Efraín Cázares López, que liberó a buena parte de los acusados en el michoacanazo, así como al magistrado Javier Avilés, que dejó ir a nueve detenidos en flagrancia con 2.5 toneladas de mariguana.

Daniel González Vargas y José André Nalda, adscritos a Mexicali, fueron suspendidos en 2012 para indagar fallos favorables a importadores de autos usados, pero no fueron sancionados.