Integrantes de la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense denunciaron que, luego de la aprobación en julio pasado de una reforma al Código Penal estatal, donde se estipula que brindar el servicio educativo en escuelas sin reconocimiento oficial es actividad ilícita, destacaron que al menos 20 planteles de educación básica y media superior podrían ser afectados, lo que afectaría a más de mil estudiantes.

César Hernández Neri, de la organización Sector Educativo Independiente, afirmó que al menos seis centros escolares fundados por este colectivo en comunidades marginadas de la entidad, donde no existe opción para cursar la educación básica, están en riesgo, pues con esta reforma inconstitucional se criminaliza el servicio educativo.

Víctor Rodríguez, de la coordinadora mexiquense, destacó que ante la negativa de las autoridades estatales a proponer una solución, este 22 de agosto realizarán una toma simbólica de la Casa del estado de México, en la capital del país, a fin de abrir una negociación con los responsables en la entidad.

El pasado 12 de julio, el pleno del Congreso mexiquense aprobó reformar el Código Penal para castigar hasta con 10 años de prisión a quien preste servicios educativos sin tener autorización de la autoridad o bien al maestro que trabaje en planteles sin reconocimiento oficial. Según el texto aprobado al artículo 148 del Código Penal, se impondrán de cinco a 10 años de prisión y multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, al plantel que sin tener reconocimiento de validez oficial preste servicios educativos.