ras haber pasado 28 años en prisión, Rafael Caro Quintero obtuvo su libertad en la madrugada del pasado 9 de agosto gracias a una serie de fallas procesales por las cuales el primer tribunal colegiado de Guadalajara resolvió el juicio de amparo 180/2011 en el que determinó el sobreseimiento de cuatro cargos –entre ellos el del secuestro y asesinato del agente de la agencia antidrogas estadunidense (DEA), Enrique Camarena Salazar, y el funcionario de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, en 1985–, así como la absolución del delito de asociación delictuosa.
En el caso de los cargos por el homicidio de Camarena, la estrategia legal de la defensa de Caro Quintero se basó en el argumento de que su cliente fue indebidamente juzgado en el fuero federal, ya que no se logró acreditar que el agente de la DEA era funcionario de la embajada de Estados Unidos con autorización del gobierno mexicano para realizar labores de investigación, ni que entre las funciones de Zavala como servidor público estuviera el apoyo a las labores que realizaba el estadunidense, razones por las cuales el juicio correspondía al fuero común.
La decisión del segundo tribunal unitario de Jalisco, de dictar auto de libertad a Caro Quintero generó gran cantidad de reacciones de diversos funcionarios, agencias y del propio gobierno de Estados Unidos, y es que el asesinato del agente Camarena, sucedido hace casi tres décadas, llevó a la relación bilateral entre ambos países a uno de los momentos de mayor tensión, ya que para el gobierno estadunidense los ataques en contra de sus funcionarios en el extranjero son inadmisibles y cuando llegan a suceder, hacen hasta lo imposible para que la justicia llegue contra los involucrados.
En ese sentido, el viernes pasado la DEA publicó un comunicado en su página web en el que señaló estar profundamente atribulada
y aseguró que continuará vigorosamente con sus esfuerzos para asegurarse de que Caro Quintero enfrente en Estados Unidos los cargos por los crímenes cometidos
, en tanto, el Departamento de Justicia se dijo extremadamente contrariado
por la decisión y refrendó su interés para extraditarlo.
Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, expresó: Estamos tan decididos a que Caro Quintero afronte la justicia en Estados Unidos como lo estábamos inmediatamente después del asesinato de Camarena
. Mientras el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul calificó la liberación del narcotraficante como insultante y señaló que esta no es una buena señal para el nuevo gobierno
.
Asimismo, James Kuykendall, quien fue supervisor de Camarena en Guadalajara, dijo sentirse enfadado y muy disgustado por la liberación, y aseguró que el agente contaba con la autorización de Estados Unidos y que el gobierno mexicano estaba enterado de ello. El presidente de la Asociación de Antiguos Agentes Federales Narcóticos, Joe Gutensohn expresó: Esto es sólo otra cachetada más a nuestros esfuerzos para detener el tráfico de drogas en México
. Finalmente, el director regional de la DEA en México en 1985, Edward Heath, fue contundente al señalar: Todo el mundo está feliz, empresarialmente
.
Y es que en este contexto parece que el poder de facto está superando al poder de jure, que en la riqueza, el uso de la fuerza y la violencia encuentran la oportunidad para conseguir lo que quieren. La lógica plata o plomo
de los narcotraficantes –bajo la cual actuaba Caro Quintero– ha favorecido la corrupción a través del soborno e incrementado el terror y la intimidación. “Si usted no hace lo que le pido le voy a matar al papá, la mamá, los tíos, la abuelita… y si la abuelita está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar”, así persuadía Pablo Escobar Gaviria a jueces y funcionarios.
Ante este panorama, desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias de este hecho en el contexto de la relación bilateral; no obstante, debemos considerar como principales antecedentes las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos tras el asesinato de su agente: el sorpresivo cierre unilateral de la garita Tijuana-San Ysidro, por algunas horas, y la posterior operación de intercepción que implicó la revisión exhaustiva de vehículos y personas que cruzaban a Estados Unidos; la orden de la DEA a sus oficinas en todo el mundo por la cual todas las llamadas de México deberían ser consideradas comprometedoras
, y la presión de la prensa y los medios de comunicación, como el libro El imperio subterráneo, escrito en 1986 por James Mills en el que se exhibió la connivencia que existía entre el narcotráfico y el gobierno, e inclusive, el videohome producido por NBC en 1990 Drug War: The Camarena Story.
Si bien el día de ayer el gobierno estadunidense formuló a la PGR la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Caro Quintero –quien fue ubicado nuevamente en el primer lugar de la lista de los delincuentes más buscados por la DEA– por posibles cargos de lavado de dinero, fraude y cohecho, lo cierto es que su liberación, podría generar nuevos desencuentros entre ambos gobiernos si no se logra cumplimentar dicha detención, a efecto de que el narcotraficante sea llevado ante la justicia estadunidense.
* Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia
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