omo un importante paso adelante en un proceso muy largo, de años, de décadas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal dio a conocer una propuesta muy acabada, y yo diría cuidadosa y aceptablemente redactada, encaminada a modificar los principales artículos de la Constitución que regulan a la entidad, la cual actualmente es llamada de forma indistinta ciudad de México o Distrito Federal en el artículo 44 de la Carta Magna.
La propuesta significa un avance, se refiere a la autonomía política y jurídica de la capital y a la supresión de la denominación burocrática que nuestra ciudad arrastra desde la Constitución de 1824; sin embargo, la parte de la iniciativa más importante, de contenido político visionario y profundo, consiste en preparar el camino para que la capital tenga su Constitución, redactada y aprobada por su propio congreso constituyente.
El proyecto es valioso por sí mismo y responde a una justa exigencia para dotar a los ciudadanos de la capital de derechos políticos plenos, idénticos a los del resto de los ciudadanos del país. También es loable buscar el rescate de la autonomía política de la entidad y proponer reglas para las relaciones con los poderes federales y estatales, especialmente los limítrofes, con los que se propone formar una nueva categoría política, más allá de la connotación geográfica que se denomina Zona Centro
, que no aparece actualmente contemplada en la Constitución, pero que encuentra su precedente en la fracción VI del artículo 115 constitucional, que usa el término continuidad demográfica
para el fenómeno sociológico contemporáneo de la conurbación.
Habrá oportunidad, precisamente en la Constitución que se anuncia, pero hubiera sido bueno apuntar ya desde este proyecto líneas novedosas, como incluir la definición del régimen de la ciudad como representativo, pero también participativo e incluir por tanto instituciones que aterrizan la definición, como son la iniciativa popular, el referendo o la revocación del mandato; se podría también explorar en lo que toca a candidaturas ciudadanas.
Otro punto que en su oportunidad dará lugar a discusiones sobre las mejoras en el sistema de justicia, es el de la elección popular de los integrantes del Poder Judicial; apuntarlo desde ahora hubiera significado, como es costumbre en la ciudad de México, un avance en la democratización del país, como lo sería también llevar al Poder Judicial al Tribunal Administrativo.
El proyecto es perfectible sin duda, responde a un ofrecimiento de campaña y especialmente a una expectativa largamente acariciada por los capitalinos. La única salvedad por mi parte consiste en que por supuesto no estoy de acuerdo en que el proyecto tenga que transitar por una mesa del caliginoso Pacto por México, que como es bien sabido tiene por objeto justificar la imposición, mediante arreglos y acuerdos ocultos de las llamadas reformas estructurales, varias de ellas, como la relativa a energéticos, petróleo y electricidad, que significan un retroceso grave para la historia del país y un riesgo para la soberanía nacional.
Comprendo que en estos tiempos de política pervertida no es suficiente que una propuesta sea buena para que se habrá camino por sí sola y llegue a madurar en ley vigente; es lamentable que para la aprobación de un buen proyecto se tengan que buscar acuerdos entre cúpulas, en lugar de convencer a conciencias libres de legisladores que impulsen la idea por estar de acuerdo con ella; se trata de un asunto de libertad y dignidad de los representantes populares en el Congreso.
Es una mala práctica, que proyectos positivos, justos y que buscan avances reales en nuestra legislación tengan que pasar por las horcas caudinas de una estructura inventada al margen de la ley y de la Constitución, como es el llamado Pacto por México, coartada para justificar reformas inaceptables. Si no podemos frenar el fenómeno, al menos debemos denunciarlo.
