La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no presentar cargos contra agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon y mataron a dos jóvenes mexicanos en incidentes separados en 2011 aumenta la impunidad y pone en entredicho el uso de la fuerza de los elementos de seguridad de ese país, señaló Amnistía Internacional (AI).

La organización de derechos humanos recordó que Ramsés Barrón Torres, de 17 años, falleció en enero de 2011 luego de recibir disparos de oficiales de la Patrulla Fronteriza, quienes declararon que el joven ignoró sus órdenes de dejar de lanzarles piedras desde el lado mexicano, en la ciudad de Nogales.

Por su parte, Carlos Lamadrid, de 19 años, también murió luego de recibir disparos de arma de fuego en la espalda, realizados por un integrante de la Patrulla Fronteriza, cuando escalaba una cerca en su intento de regresar a México. El joven, indicó AI, se encontraba en la línea de fuego entre el policía y un hombre que le lanzaba piedras.

Según el colectivo con sede en Londres, el Departamento de Justicia estadunidense declaró en ambos casos que no había pruebas suficientes para refutar que sus agentes actuaran en defensa propia.

AI admitió los posibles daños que puede causar una piedra, pero subrayó que en los dos hechos, los policías habrían violado las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego, que establecen que dichos implementos sólo deben usarse en caso de defensa propia o de terceros contra una amenaza de muerte inminente o heridas graves, lo cual no parece haber ocurrido, puesto que los efectivos tenían opciones razonables para evitar el uso de la fuerza letal.

Por todo lo anterior, AI reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos a modificar sus políticas de uso de la fuerza para minimizar posibles daños y lesiones y evitar más muertes.