San Miguel de Allende, Gto., 17 de agosto.

Lo que comenzó como un recorrido con miras a un diálogo sobre el trazado de la autopista Silao-San Miguel de Allende –que según varios expertos afectará zonas arqueológicas y el patrimonio cultural de 25 comunidades ñañús–, se convirtió en un foro privado, donde el secretario de Obra Pública, José Durán Miranda, intentó convencer a los afectados sobre los beneficios que traerá la vialidad.

Funcionarios estatales e integrantes del Consejo Estatal Indígena (CEI), llegaron a las 9:20 de la mañana y subieron a un camión, mientras otros opositores al proyecto, entre ellos arqueólogos, antropólogos e integrantes de organizaciones sociales, debieron trasladarse en sus autos.

Al llegar a la zona por donde pasará la vialidad de cuota, Durán Miranda siempre se mantuvo a un costado del líder ñañú Magdaleno Ramírez Ramírez y le reiteró que si hay un nuevo trazado la autopista no se hace.

El representante ñañú le reviró y le solicitó visitar la zona arqueológica que será sepultada por la obra y que no fue tomada en cuenta en el visto bueno emitido por la ex delegada de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ahora funcionaria del gobierno estatal, Guillermina Gutiérrez Lara.

En el lugar, el arqueólogo Omar Cruces Cervantes dio una breve explicación del sitio y cuando iba a entrar en los detalles de la afectación que causará la vialidad fue interrumpido por funcionarios del gobierno para que no se perdiera tiempo del recorrido, con la promesa de que al final habría una mesa de diálogo.

Posteriormente, funcionarios estatales e integrantes del Consejo Estatal Indígena sostuvieron una reunión en la telesecundaria que será afectada por la vialidad donde no se permitió el acceso a personal del INAH, activistas y pobladores inconformes. Al final se hizo una minuta de la cual no se proporcionó ninguna copia.

Es una tomada de pelo, una falta de respeto, se supone que sería un intercambio de opiniones, no puede ser considerado un diálogo. No estamos en contra de la autopista, simplemente decimos que es el trazo que daña el patrimonio vivo y arqueológico, recriminó la arqueóloga del instituto, Gabriela Zepeda García Moreno.

Funcionarios del gobierno del estado justificaron la restricción con el argumento de que era una decisión del CEI, versión que fue desmentida al final de la jornada por dos de sus integrantes. En el cónclave de dos horas sólo estuvieron las personas y funcionarios que eligió la Secretaría de Obra Pública.

Nos hablan de beneficios, pero nunca dijeron cuáles. Ellos dijeron de palabra que estaban en la mejor disposición de que las comunidades no sufrieran afectación, comentó la consejera indígena, Demetria Hernández Álvarez, quien reveló que al final de la exposición gubernamental, no se integró en la minuta final, la propuesta de analizar el trazo alternativo que no daña la cultura, los sitios sagrados, tradiciones y zonas arqueológicas de los ñañús.

Al final de la reunión, Durán Miranda aseguró que escuchó todas las inquietudes de Ramírez Ramírez y del Consejo Indígena para sumarlas a la revisión puntual del proyecto.