A tres años del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, más de 30 organizaciones de defensa de derechos humanos, académicos y universidades nacionales y extranjeras encabezarán una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que busca sentar las bases para someter a juicio internacional a autoridades de México, Estados Unidos y de los países de origen de los migrantes en tránsito.

La sesión tendrá lugar este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ella se presentarán evidencias de que estas autoridades son corresponsables de una política de exterminio que ha tenido como resultado violaciones graves, masivas y recurrentes de la normatividad internacional y de los marcos nacionales en la materia.

En un comunicado, los organizadores señalan que dichas violaciones son ejemplificadas por las masacres de San Fernando, en agosto de 2010, y la de Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012, así como las redadas, amenazas y acoso en los albergues contra defensores de migrantes en tránsito.

Estos actos y omisiones, añaden, constituyen un contexto de terror y criminalidad estatal que configuran una política de genocidio migrante.

Entre los invitados, adherentes y testigos en este acto se encuentran los sacerdotes Raúl Vera, Alejandro Solalinde y Tomás González, así como la Caravana de Madres Centroamericanas, Flacso, Fundar, Migrantólogos, y varios más.