En su décimo informe de labores al Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) revela que de 2003 a 2012 interpuso 78 denuncias por incumplimiento a sus resoluciones ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero ésta, de manera reiterada ha sido omisa en fincar las responsabilidades administrativas a que se hacen acreedores los funcionarios que incumplan con sus resoluciones, aunque las sanciones que debe imponer son graves.

El documento, que por primera vez no fue entregado en el marco de una comparecencia ante el Senado, ya que dicha cámara no le dio cita al instituto, advierte que en esta materia hay un largo camino por recorrer, sobre todo en los estados y municipios, donde algunos gobernadores y presidentes municipales siguen conduciéndose como auténticos señores feudales a la hora de planear y ejercer el presupuesto: no rinden cuentas a nadie.

También, alerta que la reforma constitucional en el rubro que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados enfrenta algunos obstáculos porque hay quienes utilizan los términos soberanía y autonomía para limitar la obligación de rendir cuentas.

Las cifras del instituto confirman lo anterior: de las 866 mil 324 solicitudes de información realizadas en el periodo 2003-2012, el 5.3 por ciento, esto es, 45 mil 657, derivaron en recursos de revisión contra las dependencias de la administración federal. En el citado lapso, se presentaron 477 amparos (41 de ellos en 2012) y 51 demandas de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por el Ifai.

En 2012 se resolvieron 55 amparos; 30 de estas sentencias fueron favorables al Ifai y las 25 restantes desfavorables. De las 78 denuncias presentadas por el Ifai entre 2004 y 2012, 17 están pendientes por resolver y el número de sanciones a funcionarios derivadas de estas quejas ascendió a 12.

En el reporte destaca que de un total de 248 dependencias evaluadas por el Ifai, sólo una obtuvo un cumplimiento de 100 por ciento a las obligaciones de transparencia establecidas en la ley en el rubro. Mientras que el 66.5 por ciento de las instituciones registró un porcentaje de cumplimiento de entre 90 y 99.9 por ciento.

Las entidades que registran los más bajos niveles en el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia son: el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con cero por ciento; el Archivo General de la Nación, con 60.43 por ciento; la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (61.07); el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (62.69); Pronósticos para la Asistencia Pública (63.06); Casa de Moneda de México (64.85); El Colegio de la Frontera Sur, (68.60) y la Administración Portuaria Integral de Mazatlán (69.78).

El instituto puntualiza que a partir de la información del Índice de Expedientes Reservados, al cierre del segundo semestre de 2012 un total de 14 millones 430 mil 532 fueron clasificados en esta categoría, de los cuales 9 millones 563 mil 537 tienen la reserva vigente y en 3 millones 196 mil 205 ya venció. En ese lapso, las dependencias desclasificaron un total de un millón 669 mil 101 expedientes.

Las cinco dependencias con más respuestas de negativa bajo el argumento de que se trata de información clasificada son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República, la SFP y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De las más de 800 mil solicitudes de información entre 2003 y 2012, 51 mil 243 fueron respuestas de inexistencia de los datos, por lo que se presentaron 6 mil 198 recursos de revisión. De éstos últimos, mil 480 se resolvieron con la instrucción de modificar o revocar la respuesta de inexistencia.