Al presentar la iniciativa de reforma energética del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas advirtió sobre la amenaza oficial, entreguista y neoliberal, en referencia a los cambios constitucionales en la materia propuestos por el Ejecutivo. Convocó a reunir un millón 630 mil firmas de electores, cantidad requerida para realizar una consulta, ésta sobre la vigencia de los artículos 27 y 28 constitucionales. Advirtió que no hay nada que negociar, no hace falta cambiar la Carta Magna. Se pueden discutir razones, pero no negociar principios.

Durante el acto, realizado en el Monumento a la Revolución, Cárdenas admitió que aun cuando la figura de consulta popular está en la Carta Magna, aún no hay una ley secundaria que la regule, por lo que será necesario basarse en la disposición constitucional.

Consulta popular en 2015

De prosperar la conjunción de firmas, acreditadas ante notario público, la consulta debería realizarse de forma concurrente con la elección federal de 2015, con lo que sería la primera consulta efectuada en el país.

“Pongámonos en el escenario más desfavorable de que por mayoría el Congreso apruebe, con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas propuestas. Propongámonos entonces, pero empecemos a organizarnos desde ahora –me arrogo la facultad de convocarlos–, para que oportunamente tengamos el millón 630 mil electores inscritos en la lista nominal. Convoquémonos para echar para atrás las reformas si se diera la desgracia de que en este periodo legislativo fueran aprobadas.”

Posteriormente, al acudir al Senado para entregar la iniciativa, Cárdenas sostuvo: me han preguntado qué es lo que vamos a negociar. Yo les he dicho que no tenemos nada que negociar. El 27 y 28 de la Constitución, de acuerdo con la visión que tenemos y las propuestas que estamos haciendo, no hace falta cambiar. Estamos abiertos a conocer razones, a ponderarlas (...) pero no porque estemos negociando nuestros principios. Pemex y CFE, nuestros yacimientos, no tienen razón para pasar a ser manejadas con criterios particulares, sino con el interés del pueblo de México.

Durante el evento central –al que no llegó ninguno de los gobernadores perredistas (quienes argumentaron problemas de agenda), pero sí legisladores, la dirigencia nacional y el ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard–, el hijo del general Lázaro Cárdenas cuestionó la manipulación del nombre de su padre:

¿Dónde cabe pretender sustentar esta reforma retrograda en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace de su nombre, de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación del siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra. Ofende la inteligencia y el sentido común. Nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas, adie más lejos de mentir al pueblo mexicano, nadie más lejos de oportunismo demagógico.

Cárdenas cuestionó la propuesta presidencial, que tiene un claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y el manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia económica. Enumeró los presuntos beneficios que tendría la reforma constitucional, para concluir que ni el crecimiento económico proyectado, ni la reducción de los precios en los energéticos tienen sustento.

No hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción mayores o menores, en los horizontes de 2018 y 2025.

Consideró que el actual régimen fiscal de Pemex es confiscatorio y económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación ni nacional ni internacional, ni en la industria petrolera ni en ninguna otra rama de la actividad.

Reivindicó que parte central de la propuesta de reforma perredista pasa por cambios sustanciales en el régimen fiscal de Pemex; toma en cuenta la necesidad de dotar de mayores recursos de inversión a la empresa y mantener un flujo aceptable de los ingresos fiscales que recibe Hacienda, así como prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos.