Habitantes del municipio de Aquila, Michoacán, exigieron la liberación de los 45 integrantes de la guardia comunitaria de ese poblado detenidos la semana pasada por elementos de las fuerzas federales y la policía estatal. Argumentaron que su único delito es defender a la población.

Explicaron que, del total de arrestados, 40 fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número cinco en Villa Aldama, Veracruz, mientras los demás fueron internados en un penal de Michoacán.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social de la ciudad de México, los comuneros comentaron que a sus compañeros trasladados a Veracruz se les acusa de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.

Con los rostros cubiertos y sin dar sus nombres, los pobladores de ese municipio michoacano resaltaron que, en asamblea general, el pueblo decidió crear una guardia comunitaria para defenderse de las extorsiones que desde hace año y medio padecen por el crimen organizado, en particular por los llamados Caballeros templarios, quienes les cobran 700 mil pesos mensuales por protección.

Se trata, abundaron, de una resolución adoptada luego de que las autoridades municipales, estatales y federales no han podido garantizar la seguridad de la población.

Todo se inició, recordaron, tras el acuerdo alcanzado hace más de un año con la empresa minera Ternium para que explotara hierro en la región. Al principio sólo pagaba mil 200 pesos por comunero para tal fin, y con el convenio el monto se elevó a 20 mil por persona. Cuando el crimen organizado se enteró de ello comenzaron las extorsiones, las cuales continuaron aun cuando la compañía retiró la entrega de esos recursos.

La policía municipal no garantiza seguridad

Acompañados por Leonel y Sandino Rivero, abogados que asumieron la defensa legal de los 40 recluidos en el Cefereso de Veracruz, los aquilenses indicaron que las armas que las fuerzas federales les decomisaron a los guardias comunitarios son de la policía municipal y fueron tomadas tras una decisión de asamblea, debido a que esa corporación no respalda ni garantiza la seguridad del pueblo

Leonel Rivero afirmó que hasta el momento no se ha podido acceder al expediente del caso, pero que algunos reportes señalan que 14 de los 40 detenidos en el Cefereso podrían obtener su libertad bajo caución al no estar acusados de delitos graves.

Subrayó que durante la detención de dichos guardias se presentaron violaciones al debido proceso, por lo que llamó al Consejo de la Judicatura Federal a no avalar las irregularidades en que incurrió el Ministerio Público federal.

Exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a enviar un equipo de visitadores a Aquila, para que constate la situación que se vive en ese municipio.