n la madrugada de ayer se aprobó en comisiones del Senado una minuta de la reforma constitucional en materia de transparencia que desvirtúa por completo el sentido de un órgano del Estado responsable de indagar y demandar información oficial y ponerla a disposición de la sociedad. De acuerdo con la versión aprobada, los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) serían nombrados directamente por el Ejecutivo federal, dejando al Legislativo una débil facultad de objeción. El organismo así conformado tendría facultades ampliadas para revisar la información del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, otras entidades autónomas y los institutos estatales de transparencia; por añadidura, sus veredictos dejarían de ser inapelables por la autoridad, la cual podría recurrir –en forma excepcional, se dice– a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para negarse a proporcionar datos que, a su juicio, pudieran generar daño directo a la seguridad nacional.

La propuesta que propugna el oficialismo ofrece autonomía al Ifai. Esa autonomía sería meramente administrativa, pero no política; es decir, sería una mera simulación, toda vez que los comisionados deberían sus cargos a la Presidencia y, en consecuencia, su margen de independencia se vería notablemente afectado. Por añadidura, una entidad dirigida por servidores públicos escogidos en Los Pinos tendría facultades para inhibir las pesquisas de otras dependencias de acceso a la información, lo que podría derivar en un asfixiante control de la información que se maneja en todo el sector público; en golpeteos políticos –con la coartada de transparentar datos– contra el Legislativo, el Judicial y los gobiernos de los estados y, a fin de cuentas, en un Estado mucho más opaco que el existente según las normativas constitucionales y legales aún vigentes.

En suma, la iniciativa de reforma, en la minuta aprobada en comisiones en el Senado, resulta contraria al espíritu de transparencia, promotora de un retorno al presidencialismo omnímodo y lesiva para la democracia, la separación de poderes y el federalismo. De aprobarse en sus términos actuales, el documento ampliaría el margen a una opacidad del poder que –como han demostrado en México y en el mundo las revelaciones de Wikileaks y de Edward Snowden– no le sirve de nada a la seguridad nacional de ningún país y, en cambio, abona el terreno para toda suerte de desviaciones, ilegalidades y actos de corrupción en las entrañas del poder.

En el caso de México, ninguna de las revelaciones generadas hasta ahora por el Ifai, y ninguna de las filtraciones contenidas por los cables del Departamento de Estado que Wikileaks proporcionó a este diario, han afectado la seguridad del país, debilitado el estado de derecho o fortalecido a la delincuencia: han puesto en evidencia, sí, aspectos indefendibles e incluso ilegales del quehacer gubernamental y han contribuido, en esa medida, a generar mayor conciencia ciudadana.

En el entorno contemporáneo la pretensión misma de crear mecanismos de ocultamiento como los contenidos en la minuta mencionada genera sospechas de intenciones inconfesables de los gobernantes. Es preciso, pues, dar un paso adelante en materia de transparencia y establecer los fundamentos constitucionales y legales para que el Ifai y otras instancias de acceso a la información sean realmente autónomos, que sus altos funcionarios sean elegidos por el Legislativo, que sus resoluciones resulten realmente inapelables y se convierta, así, en un verdadero mecanismo para impulsar un fenómeno hasta ahora ausente en la cultura política del país: la rendición de cuentas.