El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, afirmó que de no aprobarse la reforma constitucional planteada por el presidente Enrique Peña Nieto para permitir contratos de utilidad compartida con la iniciativa privada, México cambiaría su perfil de productor y exportador de hidrocarburos al de importador en los próximos años.

Después de reunirse con el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que este riesgo puede revertirse con la participación de la iniciativa privada en los procesos de refinación que, explicó, aunque sólo son una parte de la industria petrolera nacional, son de consumo garantizado.

Afirmó que la iniciativa presentada el lunes por el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es bienvenida como parte del debate de la reforma, pero acotó que la discusión debe realizarse con datos, no con dogmas.

También el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, calificó de visionaria la propuesta de Peña Nieto, porque permitirá la inversión privada sin que el Estado pierda la propiedad de sus hidrocarburos.

La rectoría en materia energética seguirá siendo parte fundamental del Estado mexicano. Se intenta transformar y modernizar; no privatizar, como algunos de manera superficial han mencionado, expresó en conferencia de prensa.

Beltrones declaró que con la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como a las leyes reglamentarias, se logrará el impulso definitivo que México merece para crecer, generar empleos, abatir la desigualdad y la pobreza.

En tanto, Lozoya Austin expuso que la iniciativa presidencial pretende otorgar certeza jurídica a los contratos, que elimine todo el riesgo sobre los hombros del Estado, como actualmente sucede.

Refirió que durante la plenaria del PRI también el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell –quien no participó en la conferencia de prensa– presentó un diagnóstico contundente: el país se perfila, si no hay cambios, a una situación en la que será importador neto de energía.

Señaló que México ya importa 33 por ciento del gas que se consume, la mitad de las gasolinas y 70 por ciento de fertilizantes y petroquímicos, situación que se puede revertir a partir de la aprobación de la reforma energética.

Lozoya sostuvo que los cambios a la Constitución permitirán bajar el precio de la energía eléctrica doméstica –una de las promesas de campaña de Peña Nieto– con la generación con base en una mayor producción de gas, un hidrocarburo más barato.

Expuso que en el caso de la electricidad, la distribución continuará bajo control del Estado y si acaso se podrá apoyar con contratos de servicios o algún tipo de apoyo en la iniciativa privada, pero que eso no implica un riesgo para que el suministro llegue a todos los rincones del país adonde debe llegar.

En tanto, Beltrones expuso que la reforma se abordará en el periodo ordinario de sesiones; primero en el Senado, como cámara de origen, y es parte de una amplia agenda que incluye las reformas hacendaria y financiera