El PRD en la Cámara de Diputados acusó un ‘‘sucio albazo’’ de PRI y PAN en la Comisión de Educación al aprobar, sin conocer su contenido, un proyecto de dictamen alterno de las tres leyes secundarias a la reforma constitucional que obliga a la evaluación de los maestros por su permanencia en el empleo, y que será discutido en la sesión extraordinaria de hoy con un contenido distinto al negociado con el magisterio.

El presidente de la comisión, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), justificó que abandonó la sesión donde él planteó un proyecto de dictamen, porque priístas y panistas ‘‘violentaron la norma, me estaban mayoriteando y no tenía sentido que avalara’’ esa situación.

Después de que él y otros diputados del PRD abandonaron la reunión, 19 diputados de PRI, PAN y PVEM votaron el proyecto de dictamen paralelo al presentado por la junta directiva.

Una vez que la sesión se quedó sin presidente, el secretario de la mesa directiva, Miguel Ángel Aguayo (PRI), tomó el control de los trabajos y pidió a los legisladores apresurar la votación, con el argumento de que la irrupción de maestros de la sección 22 de Oaxaca en la Cámara no generaba condiciones para continuar la sesión sin sobresaltos.

El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, pidió que también se discutieran los proyectos de dictamen presentados por la mesa directiva de la comisión. ‘‘No sabemos el contenido de lo que PRI, PVEM y PAN votaron. Ellos argumentan que se incluye la mayor parte de lo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en sus iniciativas, pero no sabemos si esto es así’’.

En el mismo sentido, De la Vega Membrillo afirmó que los legisladores no conocen el contenido de los dictámenes. ‘‘No hubo ni la posibilidad de la lectura, por eso, para deslindarme, abandoné la reunión’’, dijo.

Además, reclamó, la aprobación de los dictámenes desechó la discusión previa con investigadores y profesores sobre el alcance de las reformas a las leyes del Instituto Nacional de Evaluación, del Servicio Profesional Docente y a la Ley General de Educación.

Explicó que en el proyecto de la junta directiva se dejaba claro que la evaluación magisterial no podía ser punitiva. ‘‘Esto es, que si el maestro no acredita la evaluación o no la acepta, no podría ser removido; no tiene por qué ser expulsado del sistema educativo, a menos que sea por circunstancia justificada, pero con indemnización legal’’, refirió.

El perredista ejemplificó que la iniciativa presidencial plantea el cambio de régimen laboral de los profesores, con nuevas sanciones, cuando ya existen condiciones generales de trabajo.

Ayer, una comisión de profesores rechazó una mesa de trabajo a la que se presentaron diputados de distintas fracciones, cuando la reunión estaba pactada con la Junta de Coordinación Política.