Yaxjemel, Chis., 20 de agosto

El retorno de los desplazados católicos de la colonia Puebla (municipio de Chenalhó) fue impedido este medio día por decenas de jóvenes, algunos de ellos casi niños, a unos kilómetros de dicha comunidad.

Se supo que en el interior de la colonia había más jóvenes amenazantes esperando a la caravana que acompañaba el fallido retorno de cinco familias tzotziles que llevan un mes fuera de sus casas. De nada sirvió la presencia de una patrulla de Policía Estatal Preventiva que ni siquiera se acercó al lugar de los hechos, y de una patrulla de la policía municipal, la cual, ante la actitud agresiva de los jóvenes (quienes incluso arrojaron piedras y persiguieron a los vehículos de la caravana), dio vuelta para abandonar el paraje.

Tampoco sirvió la presencia del asesor de la subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Javier García Méndez, quien identificó la situación como preparada por los líderes presbiterianos y evangélicos, que son a su vez autoridades comunitarias.

Al menos seis individuos con corte militar del cabello azuzaban a los jóvenes para agredir a los retornados y la caravana. Llamaban la atención las palabras de odio en niños no mayores de 12 años, al parecer dispuestos a la violencia.

La caravana de indígenas del municipio y algunos observadores civiles que acompañaba a los exiliados de Puebla realizó un acto de oración antes de retirarse. Los agresores se ubicaron en una ladera encima de los que oraban, redoblando su actitud agresiva e insultando a las mujeres.

Origen del conflicto

Todo esto, a pesar del acuerdo firmado el pasado día 8 entre los católicos, las renuentes autoridades de la comunidad y el gobierno estatal. Como se recordará, el conflicto en la colonia Puebla se originó por la presunta disputa de la ermita católica. En julio fueron aprehendidos violentamente tres indígenas, dos de ellos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Golpeados severamente, se les amenazó con rociarlos con gasolina y prenderles fuego. Se les acusaba falsamente de envenenar el agua; fueron entregados al Ministerio Público en San Cristóbal de Las Casas y permanecieron presos dos días.

Ante la ineficacia gubernamental, hay temor por la integridad de las familias católicas que permanecen indefensas en el ejido.