Respecto de las naciones de América Latina, ya no se diga Europa y Estados Unidos, México está a la zaga en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), afirmó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, quien indicó que 60 por ciento de los menores de 18 años están excluidos en el uso del Internet, principalmente.

El titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, precisó que el ciento por ciento de los sitios son inaccesibles para los discapacitados, y de éstos, quienes sufren mayor discriminación son indígenas, mujeres y niñas en condición de pobreza.

Durante la presentación del sitio electrónico www.derechosinfancia.org.mx, elaborado por la Redim a fin de que todas las personas, incluyendo quienes tienen una discapacidad, puedan acceder a información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, Pérez García criticó que el debate de la reforma educativa se centre en la evaluación de los docentes y el sindicalismo, y no en el desarrollo de las capacidades de los niños.

En particular, aquellas vinculadas al uso de las TIC, indispensables por la tendencia mundial que es hacia la educación virtual y digital, y si los infantes no tienen acceso a esas nuevas tecnologías se convertirán en analfabetos digitales.

Criticó que niñas y niñas no participaran en los comités escolares para la elaboración de la Ley General de la Educación, por lo cual hizo un llamado a legisladores y a los grupos políticos para remontar el severo atraso que enfrenta el país en la materia.

Recordó que el Estado mexicano ha sido omiso en crear un sistema nacional de protección de derechos de la infancia, que permitiría un trabajo interdisciplinario entre las instituciones, por lo cual los esfuerzos son aislados y hay diagnósticos claros. La Cepal reveló que México y Chile siguen dando atención asistencial a los niños, mientras países pobres como Bolivia ya tienen un sistema nacional.

Ambos coincidieron en que el acceso a Internet es una obligación legal del Estado, establecida en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy con rango constitucional tras la reforma en materia de derechos humanos. Es también un eje del Plan Nacional de Desarrollo.