Con la agresión a un grupo de jóvenes que viven en la calle se envió un mensaje a la organización que defiende a la población vulnerable que se refugia en Artículo 123 y Humboldt, alertaron activistas de derechos humanos.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los posibles riesgos que podrían enfrentar los integrantes de El Caracol.

El activista señaló que no es la primera vez que El Caracol recibe amenazas por su trabajo; en ocasiones anteriores ha tenido advertencias telefónicas e incluso les intervinieron el servidor de los correos electrónicos.

La preocupación para las organizaciones se da cuando las agresiones empiezan a escalar hacia los defensores y el temor es porque se trata de personas que interactúan con las poblaciones callejeras y tiene identificada a la organización.

Artículo 123 y Humboldt han sido un punto polémico, porque convergen muchos intereses, principalmente económicos, de gente que se siente afectada por la presencia de los jóvenes que viven en la calle y los han querido retirar de todas las formas, expuso.

Por otra parte, el ombudsman capitalino, Luis González, advirtió que las madres de los 12 jóvenes desaparecidos ya presentan afectaciones sicológicas ante el desgaste emocional que les significa la ausencia de sus hijos.

El principal daño, dijo, se ha dado debido a las filtraciones sobre la presunta muerte de tres de los 12 desaparecidos.