o que ocurre con la empresa Ternium, de capital extranjero, en el conflicto con los comuneros propietarios de las tierras ferríferas que esa compañía y sus antecesoras han explotado por más de 20 años en el municipio de Aquila, Michoacán, sin cumplir las justas demandas de los campesinos, es un síntoma de lo que sucede con muchas de las mineras del país, tanto de capital mexicano como extranjero. Éstas siempre están protegidas por los gobiernos federal y estatales, y por sus fuerzas públicas armadas, en sus apetitos de dominio de recursos del subsuelo, mediante concesiones. Nunca hasta ahora se ha registrado que las autoridades protejan y den la razón a los propietarios o usufructuarios originales de las tierras sometidas a concesión.

El caso de ninguna manera puede generalizarse a todas las firmas mineras, pero es emblemático en lo negativo de lo que muchas hacen y podrían realizar, sin importarles que en su explotación intensa de tierras y trabajadores le apuesten al conflicto social y se olviden del progreso de las comunidades. En nuestro asunto, una empresa decide explotar yacimientos de hierro dentro del municipio de San Miguel de Aquila, Michoacán, en el predio llamado originariamente El Tenamaztle y después, sucesivamente, Hylsa Las Encinas y Ternium Las Encinas, según los dueños que ha tenido.

La empresa, cuyo grupo dirigente nunca ha dado la cara, sino que ha llevado las negociaciones por conducto de empleados, firma compromisos con los comuneros para pagarles regalías por la extracción del hierro, pero nunca les cumple. Los pobladores engañados, inician entonces movimientos de protesta como bloqueos de la mina, que nuevamente son desoídos por la compañía, que dispone de sicarios y de autoridades locales cómplices para el cohecho, el asesinato o la aprehensión de los líderes comunitarios.

El presidente del comisariado comunal de la localidad, Octavio Villanueva, detalló en este mes de agosto, que a principios de la década de los 90 el gobierno federal otorgó a la empresa Hylsa (Hojalata y Lámina SA), con sede inicial en Monterrey, una concesión de 300 hectáreas con un área de explotación de 73 de ellas. A la fecha Ternium ha invadido 200 hectáreas más. Esta compañía se ha dedicado a cohechar a autoridades comunales y cuando hace 20 años surgió un grupo de comuneros que exigía mayores regalías por parte de la mina, encabezados por José Ramírez Verduzco, éste fue asesinado y la lucha se desintegró.

No obstante, en 2004 se formó otro grupo que buscaba justicia en el pago de regalías a 467 comuneros, pero también mediante el cohecho a 40 de ellos, la empresa desinfló este movimiento. Esa compañía no cejó y dio trato preferencial a esas 40 personas, mismas que la asamblea expulsó de sus filas y les canceló sus derechos por 40 años.

Finalmente, en diciembre de 2011 la organización comunal decidió hacer un paro total en la mina Las Encinas, que duró tres meses. En febrero de 2012 les enviaron policías federales y estatales para desalojar el plantón, pero no lo lograron. El 18 de marzo de ese año se firmó un acuerdo en el que Ternium se comprometió a pagar 3.8 dólares por tonelada de hierro extraída, pero nunca se nos pagó lo acordado, denunció el líder comunitario Octavio Villanueva a Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal de La Jornada.

Lo más grave del asunto es que en abril de 2012, Ternium divulgó en la radio y en periódicos locales que pagaba más de 18 mil pesos mensuales de regalías a cada comunero, lo cual los puso en la mira del crimen organizado, el cual se avalanzó sobre ellos para extorsionarlos y obtener pagos de 2 mil pesos o más al mes por cada uno de los 401 comuneros.

Contra todo eso y por el hartazgo de la situación, surgió la policía comunitaria como respuesta a los abusos de la delincuencia organizada y la inactividad cómplice de las autoridades locales, que tuvo una expresión desesperada, aunque errónea, en la detención de 60 miembros del Ejército, que ya fueron liberados, gracias a la actitud no provocadora de los guardias comunitarios.

A la empresa, pese a haber cometido la delación que ayudó a los delincuentes, no le agradó la existencia de una policía de autodefensa y en eso fue apoyada por funcionarios del ayuntamiento priísta de la localidad. Ambos demandaron desarmar a la policía comunitaria, pero sobre todo aprehender a su líder, Agustín Villanueva Ramírez, a quien fuerzas militares encarcelaron junto con otros 45 integrantes de este cuerpo el 14 de julio pasado; además de 47 de Buenavista, otra población vecina involucrada en la autodefensa.

Los procesos de los detenidos destacan por la opacidad judicial, que ni siquiera los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos logran borrar. A unos se les envió a un penal de Veracruz y a otros a uno de Michoacán. Sobre la base de que los policías comunitarios han cometido diversos ilícitos, se ha montado una cacería de brujas que beneficia a la empresa y atenta contra los comuneros y sus familiares, desde antes perjudicados y engañados por esta compañía.

Todo esto es algo que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe revisar a fondo y corregir. No es posible que distraídos en planes y proyectos sexenales de cambio no se den cuenta de que en el caso de Aquila y otros más, esté avanzando con peligrosos pasos hacia la irritación social profunda, y no corrijan el rumbo.

¿Qué quieren, que surja el levantamiento social y la represión brutal del mismo, para que se percaten de que muchas empresas mineras no son agentes de progreso, sino de retroceso?

El gobierno debe definir a quién deben servir las empresas mineras, si al progreso social o al conflicto entre pobladores y autoridades.