El dictamen en materia de transparencia aprobado en la Cámara de Diputados busca que exista control sobre las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en áreas delicadas como la seguridad nacional, advirtió la comisionada Jacqueline Peschard.

Alertó que como dicho dictamen otorga al Presidente, al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador del Banco de México (BM) y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una amplia discrecionalidad para interpretar las decisiones del órgano colegiado, se abre una pinza que quiebra la estructura fundamental del modelo de transparencia mexicano.

Nos vamos si el Congreso así lo decide: Laveaga

A su vez, el presidente del Ifai, Gerardo Laveaga, indicó que los puntos de vista de los comisionados no se tomaron en cuenta en este dictamen, pero reiteró que si el Congreso decide que los cinco comisionados se tienen que ir, nos vamos.

Agregó que el planteamiento de los diputados aprobado en comisiones quita al Ifai la posibilidad de ser el gran instituto, y opinó que no se deben quedar las cosas como están en materia de transparencia.

Por separado, al término de la sesión plenaria del instituto, la comisionada Peschard indicó que se pretende crear un candado a las resoluciones del Ifai con el planteamiento de que los titulares del Poder Ejecutivo, la CNDH, la PGR y el BM tendrán la facultad de decidir que algo puede dañar los derechos humanos, la seguridad nacional o la estabilidad económica y, con ese argumento no entregar información a la ciudadanía. Lo anterior es muy preocupante, enfatizó.

Destacó que hay una regresión muy importante, y no se justifica poner este candado porque no existe un solo caso en la historia del instituto en que se hayan violentado los derechos humanos o puesto en jaque la estabilidad económica.

Recordó que ley ya señala los casos en que la información debe ser reservada, y el instituto ha sido muy celoso en ese sentido.

Por otra parte, apuntó, existe retroceso en cuanto a la pérdida de que sea un órgano especializado el que resuelva los asuntos del rubro.

A partir del dictamen, explicó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertiría en dicha instancia especializada.

La SCJN es el máximo tribunal, pero el modelo de transparencia señala expresamente que los órganos garantes deben ser especializados.

También se pierde el carácter de expedito de la entrega de la información, pues las resoluciones se pueden alargar por mucho tiempo, señaló.

No obstante, admitió que dicho dictamen contiene elementos favorables, como que el instituto sea órgano garante de otros poderes, que los partidos sean sujetos obligados, aunque estén bajo responsabilidad del Instituto Federal Electoral, y la inclusión de los sindicatos y los fideicomisos privados en lo relacionado con los recursos públicos para la rendición de cuentas.