Durante meses, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SG), asumió el compromiso de llevar la propuesta alternativa de reforma educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Congreso de la Unión, para que se considerara en el proceso de elaboración de las leyes reglamentarias en la materia.

El citado acuerdo también se asumió en la cúpula del Pacto por México, tras la reunión que en mayo pasado sostuvieron los maestros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los presidentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz; Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, pero con la advertencia del gobierno federal de que la reforma constitucional ‘‘no tiene marcha atrás’’.

Camacho Quiroz, como presidente en ese entonces del consejo rector del mecanismo de concertación, aseveró que las leyes secundarias de la reforma educativa estaban en proceso de construcción, es decir, ‘‘ni concluidas ni planchadas’’, mientras el secretario de Gobernación precisó que se construirían con todas las voces.

Las negociaciones entre Gobernación y la disidencia magisterial comenzaron en marzo, tras el rechazo de la CNTE a la reforma educativa aprobada en diciembre, y su exigencia por que se derogaran las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales, que buscan instaurar una autonomía de gestión en los planteles educativos.

Como resultado de esos encuentros, el subsecretario de Gobierno de la dependencia federal, Luis Enrique Miranda Nava, firmó en mayo pasado un acuerdo con la comisión negociadora representativa de 16 secciones del magisterio disidente, con el compromiso de llevar de inmediato a las instancias legales correspondientes –incluido el Congreso de la Unión– la propuesta alternativa de reforma educativa que elaboró la CNTE.

Y ahí quedó establecido que ‘‘ningún documento tendrá validez jurídica hasta en tanto no se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación con respecto a la reforma educativa’’.

También, como resultado de las reuniones con la Secretaría de Gobernación, la coordinadora llevó a cabo nueve foros estatales y uno nacional, del 31 de mayo al 12 julio, donde debatieron maestros, académicos, empresarios, organizaciones sociales y legisladores, y cuyos resultados la dependencia federal de igual manera se comprometió a canalizar a la Cámara de Diputados.

De los foros magisteriales surgieron 17 demandas, subrayando una reforma educativa incluyente y con amplio apoyo, pero que también promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural.

Se destacó que los docentes no se oponen a su evaluación, pero exigen que ésta sea cualitativamente distinta, situada en los problemas reales, y horizontal, que sea de abajo hacia arriba, y no estandarizada.

Exigieron eliminar la prueba Enlace, así como todo tipo de exámenes estandarizados, entre ellos la llamada evaluación universal y de carrera magisterial.

La decisión ya estaba tomada

Pero la decisión ya estaba tomada por el gobierno federal para presentar, como ocurrió, sus tres proyectos de leyes secundarias, que incluyen la creación de una norma para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del Servicio Profesional Docente y la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, suscritas por el presidente Enrique Peña Nieto.