Menos empleos, bajos salarios y caída de la seguridad social son algunos de los primeros impactos negativos que la reforma laboral causa a la economía y a los trabajadores, señaló Eduardo Miranda Esquivel, presidente fundador de la Unión de Juristas de México.

El abogado laboral señaló en entrevista que el aumento del desempleo el mes pasado –que según datos del Inegi pasó de 4.9 por ciento en junio a 5.12 en julio– es una muestra de la tendencia en el país, en la que se ha dado el incremento y facilidad en los despidos laborales, pues a nueve meses de que entró en vigencia la reforma laboral, se calcula que han sido cesados más de cuatro millones de trabajadores.

Miranda Esquivel agregó que entre las condiciones que generan mayor desempleo en el país, aparte de la inequidad social e influencia de la globalización mundial, están la “anulación del derecho de estabilidad en el empleo y la legalización de los outsourcing (tercerización) que trajo consigo la reforma laboral, al igual que el abuso patronal y la incapacidad gubernamental de instituir políticas que activen y fortalezcan la economía nacional con perspectiva social y soberana”.

El abogado subrayó que las modificaciones a la ley laboral han causado un aumento de la población sin seguridad social por la precarización del empleo y los salarios, al no estar inscrita en ningún sistema de salud y seguridad social por falta de financiamiento al sistema de prestaciones, pensiones y salud del IMSS e Issste, debido a la informalidad, así como también la reducción del número de trabajadores que cotizan al sistema y del monto de las cuotas por los bajos salarios.

Apuntó que cifras oficiales y de organismos especializados revelan que 24.5 por ciento de la población no está cubierta por ningún programa social como Oportunidades o Seguro Popular, ni por el IMSS, Issste, Pemex, Sedena, Marina o algún otro régimen especial.

Miranda Esquival refirió que esta situación ha generado una “obstrucción complementaria a las reformas en seguridad social de años anteriores y/o eliminación de facto del derecho de jubilación o retiro con las nuevas formas de contratación y pago por horas, al impedir acumular las mil 250 semanas de cotización para pensionarse, teniendo los empleados que trabajar más años y sin sacar ningún fondo de su sistema de ahorro para el retiro”.