ás de 80 habitantes tzotziles del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, mujeres y menores en su mayor parte, se vieron obligados a abandonar sus residencias ante las amenazas y hostigamiento de que han sido objeto, teniendo en común el hecho de profesar la religión católica y no pertenecer a ningún partido. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el clima de violencia ha sido atizado por caciques ejidales de filiación protestante; el más destacado, Agustín Cruz Gómez, quien, en su calidad de pastor presbiteriano, bendijo en 1997 las armas utilizadas en la masacre de Acteal.

Unas horas antes, el párroco de San Pedro Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, y tres funcionarios de los distintos niveles de gobierno –entre ellos un representante de la subsecretaría de Asuntos Religiosos y otro de la administración estatal– habían sido detenidos, amenazados y golpeados por individuos al servicio de caciques locales, quienes pretenden apoderarse del predio en el que se erige la ermita católica del lugar.

En realidad, ese empeño es el pretexto para una ofensiva de grupos oficialistas contra bases de apoyo zapatistas e integrantes de las organizaciones Las Abejas y Pueblo Creyente, acción que tiene lugar con el telón de fondo del retorno a la región de decenas de efectivos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal, en que fueron asesinadas 45 personas.

Cabe recordar que a partir de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido liberando a tales sujetos, con el pretexto de que sus procesos penales se vieron afectados por diversas irregularidades administrativas. A la fecha, de los 69 sentenciados por aquel hecho sólo nueve permanecen en prisión. Como se señaló en su momento en este espacio, las excarcelaciones de los asesinos materiales de Acteal no sólo se otorgaron insustancialmente –sumándose la impunidad que seguían disfrutando los responsables intelectuales y políticos de tal atrocidad–, sino que constituían un peligro específico para los sobrevivientes de la matanza, dado que el retorno de los paramilitares a la zona podría reactivar las manifestaciones de encono contrainsurgente (La Jornada, 13/8/2009).

A cuatro años de distancia, tales temores han sido confirmados por los hechos. Como ocurrió en Acteal con la disputa por un banco de arena –que fue la coartada con que las autoridades de entonces pretendieron presentar la masacre de aquel 22 de diciembre, como conflicto intercomunitario–, hoy se inventa el reclamo del predio en el que se sitúa el templo católico de San Pedro Chenalhó para emprender una campaña de persecución a quienes disienten del oficialismo.

Hoy, como ocurrió en 1997 en vísperas de la masacre –cuando el actual titular de Educación, Emilio Chuayffet, fungía como secretario de Gobernación–, las autoridades federales y estatales han recibido numerosos avisos acerca de la explosividad social que impera en la zona. Resulta, pues, imperativo, detener el resurgimiento del paramilitarismo en Chiapas.