n 1989, una comisión de especialistas propuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE) estudió la pertinencia de que los mexicanos votaran en el exterior y qué modalidades podrían implementarse. En el documento final de la comisión se hicieron diversos planteamientos sobre el tema, se discutieron aspectos legales y constitucionales, se consideraron datos sociológicos, demográficos y asuntos internacionales. Pero, sólo una frase quedó para la historia: La comisión considera técnicamente viable el voto de los mexicanos en el exterior.

Esta conclusión se retomó por una decena de organizaciones de migrantes y de la sociedad civil que presionaron a los partidos y al Congreso para tomar una decisión al respecto. El asunto se aprobó, pero faltaba definir la modalidad para votar y hacer reformas legales al Cofipe.

Nada se pudo hacer para la elección de 2000, pero estaba plantada la semilla para discutirlo en 2006. Y como suele pasar, al cuarto para las 12, a mediados de junio de 2005, se empezó a discutir el tema en el Senado. La resolución final se dio en la Cámara de Diputados con 455 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, y las modificaciones al Cofipe se publicaron en el Diario Oficial el 1º de julio de 2005.

Esto demostró que aunque votar en el exterior fuera técnicamente viable, no significaba que también lo fuera políticamente. Habían pasado seis años desde la aprobación en el IFE del informe de la comisión de especialistas que posteriormente se envió al Congreso para su discusión. A esas alturas, con la elección presidencial en puerta, la única alternativa era una modalidad fácil de instrumentar, sin complicaciones, que no fuera costosa y políticamente neutra para que la mayoría la aceptara.

Los vaticinios de algunos investigadores auguraban que votarían entre 2 y 4 millones de mexicanos en el exterior (Santibáñez y Corona). A pesar de que la estimación tenía un margen de error de 100 por ciento, despertó las alarmas y fue argumento de escenarios apocalípticos: los mexicanos que viven fuera podrían definir las elecciones presidenciales; millones de mexicanos haciendo fila para votar serían presa fácil de la migra; las fuerzas oscuras del imperialismo, por medio de migrantes fácilmente manipulables, podrían influir en el resultado de las elecciones.

En consecuencia, la opción elegida fue el voto postal, con varias salvedades: 1. se debía votar con credencial del IFE, pero no se propuso alternativa para credencializar a quienes vivían en el exterior y no tenían credencial, 2. el ciudadano debía solicitar previamente al IFE su intención de votar y cumplir con un procedimiento, 3. los partidos políticos no podían hacer campaña en el exterior y 4. el voto debía enviarse por correo certificado.

Con estos candados los legisladores y los partidos aseguraban una votación que satisfaciera las exigencias de las organizaciones de migrantes y que impidiera una votación masiva. El voto postal aseguraba la individualización del ejercicio del voto y la desmovilización de las organizaciones, que parecían tener un alto grado de beligerancia; la modalidad certificada otorgaba confianza y seguridad a los partidos ante cualquier posible fraude electoral.

Algunos resultados salieron de acuerdo a lo previsto: muy escasa votación, ausencia de movilización y conjura de cualquier fraude o conflicto electoral. Otros no cumplieron con las expectativas: altísimo costo unitario del voto, los formularios y requisitos tuvieron un alto grado de dificultad (hasta los asesores contratados se equivocaban en el llenado), ineficiencia e inoperancia del sistema postal certificado. De los millones de votantes (de 2 a 4) votaron finalmente 33 mil 111 ciudadanos. Lograron inscribirse 56 mil 312 pero debido a los múltiples requisitos, plazos y procedimientos 23 mil 201 se quedaron fuera.

El IFE evaluó la elección y publicó un Libro Blanco en 2006, donde hizo tres recomendaciones fundamentales: credencializar en el exterior, quitar el candado del voto certificado y ampliar los plazos para inscribirse; el plazo concluía cuando las campañas recién empezaban. Las recomendaciones quedaron en el limbo.

En 2012 las elecciones en el exterior se hicieron con el mismo modelito y el resultado fue similar. En total se recibieron 40 mil 737 votos efectivos, a pesar de que se mejoró el formato, se incrementaron las vías de comunicación con los electores y se corrigieron muchos errores. El resultado fue decepcionante, pero no se puede trabajar, ni esperar mejores resultados, con un sistema electoral que ya había demostrado su ineficacia y al que no se le hicieron las modificaciones sugeridas.

Volvemos al principio, en México el voto en el exterior es técnicamente viable, pero políticamente inviable. En general, los partidos y sus dirigentes, no le tienen mucho aprecio e interés al tema. Sus preocupaciones y sus miras son locales, distritales. El voto en el exterior fue una graciosa concesión a las organizaciones que presionaron e impulsaron el exterior: ahí tienen la oportunidad del voto postal, que funcione, que sea operativo, oportuno, participativo e incluyente es otra cosa.

Ante el fiasco del voto en el exterior en 2012, a pesar de los esfuerzos y buena voluntad del personal involucrado, el IFE convocó a otro grupo de especialistas para evaluar y proponer una solución operativa, eficiente, incluyente y que cumpla con los requerimientos de universalidad, secrecía y seguridad.

Esta semana saldrá a la luz pública el informe de la segunda comisión de especialistas del IFE. Ya se demostró en la práctica que el voto es técnicamente viable, habrá que ver si puede ser técnica y políticamente viable con los instrumentos que disponemos en el siglo XXI y no con los del siglo XX, con un sistema postal obsoleto, arcaico, vetusto, tardado y para colmo inseguro, a pesar del famoso candado certificado.