Francisco Nicolás Bravo, secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) disidente, atiende en una pequeña oficina en las calles de Belisario Domínguez. El edificio se cae a pedazos. No sabes lo que hemos hecho para intentar sostenerlo, dice, sin muchas esperanzas.

El sindicato, entonces todavía encabezado por Elba Esther Gordillo, hizo una maniobra para imponer a un grupo en la sección que representa a los profesores de educación básica en el DF. A pesar de que los tribunales laborales han dado razón a los disidentes, el SNTE no reconoce al comité que Bravo encabeza y, por tanto, no le da ni un peso. Sus integrantes, además, no forman parte de las satanizadas filas de los maestros comisionados porque todos, incluyendo al propio Bravo, siguen en las aulas.

Bravo saca tiempo, a pesar de todo, para formar parte de la comisión negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La noche del viernes pasado, por ejemplo, estuvo en la Secretaría de Gobernación, donde el titular, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió a los representantes de los maestros, que en días recientes, según la versión unánime de los medios electrónicos, han desquiciado a la ciudad de México.

Francisco Bravo hace un apretado resumen del conflicto, desde sus inicios. En un punto dice que tras las rudas protestas en Guerrero, la CNTE apostó por construir el diálogo y trabó una relación permanente con el subsecretario de Gobernación Luis Miranda.

Sabemos de los problemas de imagen de la coordinadora y por eso quisimos mostrar que no somos sólo marcha-plantón, sino también propuesta. Con esa línea surgieron 10 foros regionales que se efectuaron en el mismo número de ciudades del país, con la participación de 10 mil personas, pese a que el gobierno no cumplió su promesa de garantizar la asistencia de legisladores y otros interesados.

Las conclusiones de estos foros fueron entregadas a la cúpula del Pacto por México.

Sin embargo, cuando comenzamos a reunirnos con los legisladores, nos dijeron que ellos no conocían ninguna de nuestras propuestas. El Pacto por México escondió las propuestas de los maestros.

Ahí arrancó, en la perspectiva de Bravo, el cruce de reclamos que derivó en el traslado de miles de maestros a la capital del país, el plantón, el cerco al palacio de San Lázaro y el bloqueo a las inmediaciones del aeropuerto.

La salida, tras una semana entera de protestas en los centros del poder, fue la reunión en la SG y la oferta del gobierno, que otro de los líderes de la CNTE resume así: La propuesta de ley (del Servicio Profesional Docente) ahí está, métanle mano, hagan sus propuestas de modificación.

Algo muy distinto de los límites que este sábado pone el secretario de Gobernación.

Los maestros, sin defensa alguna

Cuando en abril se filtró a la prensa una versión de las leyes secundarias, los líderes de la CNTE pensaron que se trataba del punto de partida para negociar. Pero cuando se dieron a conocer oficialmente las propuestas del gobierno, en la coordinadora se alzaron las voces de reclamo: Ahí está su confianza en el diálogo con este gobierno, dijeron a los dirigentes.

Al mismo tiempo, el gobierno intensificó la línea de ataque contra los maestros. Bravo dice que se trata de la misma campaña –ahora con mayor intensidad y con los recursos del gobierno– que desde hace varios años pretende convencer a la sociedad de que los maestros se niegan a ser evaluados.

Lo hemos dicho siempre: el problema es de cuál evaluación hablamos. Porque nosotros pugnamos por una evaluación integral, no parcial; por una evaluación formativa, no punitiva.

Como muchos otros maestros, Bravo ve en el proyecto del gobierno una reforma laboral y administrativa, que no una reforma educativa, y llama la atención sobre el hecho de que el proyecto cierra cualquier posibilidad de que los maestros se defiendan de un eventual despido.

“Hasta un delincuente –sólo hay que ver el caso de Caro Quintero– tiene derecho a la defensa legal. Y esta ley deja a los maestros sin posibilidad de defenderse, porque todas las decisiones que de ella se derivan son inatacables.”

Francisco Nicolás Bravo, secretario general de la sección 9 del sindicato magisterialFoto María Luisa Severiano

El balón de los oaxaqueños

Los debates en la CNTE nunca se resuelven con facilidad. Y cualquier paso de los dirigentes es visto con lupa por grupos que buscan la traición hasta debajo de las piedras.

Las viejas diferencias o desencuentros reaparecen siempre en las coyunturas. En este caso, el incumplimiento de la promesa de que sus puntos de vista serían tomados en cuenta, abre la puerta a que algunos sectores de la coordinadora se radicalicen.

Este sábado, el balón está en la cancha de los oaxaqueños, que aportaron para esta movilización el mayor contingente y que salen al quite, porque los guerrerenses se sometieron a un intenso desgaste y porque los michoacanos vienen de un paro de mes y medio.

Una de las corrientes principales de la sección 22, la Unión de Trabajadores de la Educación, aliada con otros grupos, ha sido la principal promotora de las acciones más contundentes, como el bloqueo en las inmediaciones del aeropuerto.

El debate es duro, y luego de la asamblea estatal de Oaxaca, sigue la nacional para decidir el futuro de esta oleada del movimiento magisterial.

Los asuntos que no están en la reforma educativa

Los analistas asisten al espectáculo de los medios electrónicos convertidos en patíbulos que exigen mano dura contra los profesores insurrectos. La maltrecha imagen de la CNTE –¿cómo olvidar que Elba Esther Gordillo pagaba campañas en televisión para machacar con aquello de los maestros que trabajan y los huevones de la Coordinadora– no sufre más porque ya está a ras de suelo. Las baterías se dirigen, en los medios electrónicos, a la incapacidad del gobierno para poner orden. La peor parte la lleva el gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque la administración de Peña Nieto le carga los platos rotos al Congreso, para empezar a los legisladores de su propio partido.

Algunos conductores de radio y televisión bordan la histeria cuando describen o presentan las imágenes de las acciones de protesta de los maestros. De algo sirve el clima de linchamiento.

Mientras caminan por entre las tiendas de campaña, dos muchachas se hacen eco de las voces de los medios. El campamento en el Zócalo está limpio y no hay malos olores. Pero una le dice a la otra: Pues orita no huele, pero vas a ver dentro de 15 días. Flojos, suelta una señora que camina en sentido contrario.

Frente a ella, un letrero recupera algunos de los célebres gazapos de Enrique Peña Nieto. Remata con una consigna: Urgente, urgente, evaluar al presidente.

Cerca de ahí, en varios puntos, algunos maestros hacen las maletas y dejan limpios sus lugares. Poco antes, han ido a asearse en los comercios cercanos: uso del sanitario, 5 pesos; una regadera, entre 40 y 50 pesos.

Un grupo de profesores de secundaria conversa bajo un letrero que ofrece pasajes baratos a Oaxaca.

El maestro Orlando tiene 10 años de servicio, ellas apenas uno. Hacen un resumen de las razones de su lucha: no estamos en contra de la evaluación, sino contra la modalidad que quieren aplicar; se van a perder todas las conquistas de muchos años de lucha; se pretende avanzar hacia la privatización de la educación.

A ellas, que trabajan en la misma escuela secundaria, se les pide que hagan un listado de las cosas que durante el pasado año escolar recibió su escuela de los gobiernos federal y estatal: Nada, es la rápida respuesta.

Cuentan entonces que en su escuela –y extienden el juicio a todas las que conocen– se tiene que desarmar una banca para arreglar otras.

Carmen, maestra de cómputo, cuenta con 22 equipos para atender a sus alumnos. Pero sólo sirven 10, que son del año de la canica.

Ese tema, el de las miserables condiciones de las escuelas, coinciden los maestros de Tlacolula, no asoma en ninguna parte de la reforma educativa del Pacto por México.