as trasnacionales no tienen límite al defender sus intereses, sus fuentes de ganancias. Un ejemplo lo ofrece ahora la British Petroleum (BP) al demandar al gobierno de Estados Unidos por excluirla de ofertas públicas de suministro de gasolina y otros derivados a diversos organismos estatales. Esa exclusión es uno de los efectos del masivo vertido de crudo en el Golfo de México en abril de 2010.

La trasnacional califica de arbitraria y un abuso de la capacidad de discreción el acuerdo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) de prohibir el acceso de la British Petroleum a estos concursos. La medida de la EPA incluye a una veintena de sus empresas afiliadas.

Cabe señalar que con su declaración de culpabilidad, British Petroleum también se comprometió a ser vigilada y auditada durante cuatro años en sus operaciones de perforación y exploración en el Golfo, con el fin de garantizar que no repetirá las negligencias que condujeron a la explosión de la plataforma Deep Water Horizon. También fue procesado un vicepresidente de BP, David Rainey, por obstruir la investigación del Congreso sobre el desastre y dar falsas declaraciones a miembros de la justicia. Pero la petrolera británica obtuvo hace dos años utilidades por cerca de 24 mil millones de dólares y sus acciones subieron en la bolsa.

La British Petroleum y las otras trasnacionales responsables del derrame de 2010 siguen tan campantes con sus negocios. Pronto en México, si prospera el proyecto de reforma energética que envió al Senado el presidente Peña Nieto. Y que, como en el mejor momento de sumisión al Ejecutivo federal, apoya total y absolutamente el PRI. El director de Pemex adelanta que esas compañías compartirán responsabilidad con la paraestatal en caso de un desastre ambiental. Es decir, a diferencia del vecino país, aquí los ciudadanos pagaremos los daños que puedan causar al medio ambiente, los recursos naturales y la población. Todo para ellas. Con razón andan felices.