ntre los argumentos presentes en el proyecto para la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución, aparece con frecuencia la debilidad tecnológica en la que se encuentra nuestro país para aprovechar sus recursos energéticos, por lo cual se hace necesaria –se afirma– la participación privada que pueda aportar, entre otras cosas, los conocimientos y tecnologías que actualmente no tenemos. El texto enviado por el titular del Poder Ejecutivo al Senado determina que: “… el petróleo de fácil acceso se está agotando y cada vez son mayores los desafíos que se enfrentan para su explotación, entre ellos altos riesgos, grandes inversiones, alta capacidad operativa y la necesidad de recursos tecnológicos cada vez más desarrollados”.
Es cierto que en la explotación petrolera –como en cualquier otro campo del conocimiento o de la producción–, una sola nación no lo tiene todo, por lo que en ocasiones debe recurrir a los convenios de colaboración o acuerdos con otras naciones. Pero también es cierto que debe ponerse en ellos un especial cuidado, con el fin de evitar caer en una mayor dependencia científica y tecnológica respecto a los países que cuentan con mayores recursos económicos y/o técnicos.
La aceptación abierta de la falta de capacidad tecnológica de nuestro país para aprovechar uno de los recursos más importantes para su desarrollo, es algo que desde hace varios años se observa como algo natural, como una verdad incuestionable que no debe sorprender a nadie. Pero es muy importante admitir que el atraso tecnológico en el que nos encontramos es el resultado de la falta de visión que ha llevado a un desarrollo muy limitado de la ciencia y la tecnología en nuestro país en general y en particular en el sector energético. En otras palabras, durante décadas cometimos el error de no invertir lo suficiente en ciencia y tecnología en estas áreas y ahora debemos pagar el elevado precio de la ignorancia.
Políticas equivocadas (o deliberadas) impulsadas en el pasado han llevado a que nuestros institutos de investigaciones en el sector energético vivan en la penuria, o realicen sus actividades en una franja muy estrecha que no corresponde en absoluto con la magnitud de las empresas a las que están asociadas como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad.
Todo el gasto nacional en ciencia y tecnología en México (70 mil millones de pesos este año) es comparativamente menor al de una sola empresa trasnacional o el de algunas universidades en el mundo desarrollado. El sector energético representa apenas 9.5 por ciento de la cantidad señalada. Los presupuestos de las instituciones de investigación de este sector son sumamente bajos: El Instituto Mexicano del Petróleo (5 mil millones), el Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas (912 millones) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (725 millones). Debo señalar aquí que a pesar de los bajos presupuestos con los que operan estos institutos, cuentan con investigadores con calidad comparable a los de cualquier parte del mundo, algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos.
Cualquier esquema de colaboración o contratos que involucren a la tecnología deben contar con una contraparte que entienda la importancia de la transferencia de saberes. Se debe buscar en todo momento las condiciones más ventajosas y el beneficio del país. Como parte de la reforma energética, ahora se habla de contratos de riesgo compartido, pero en la discusión pública no se aborda el tema de la transferencia de tecnología en este tipo de contratos, cuando en mi opinión se trata de un aspecto central en el que está en juego nuestro futuro como nación independiente.
Por otra parte, el proyecto de reforma energética propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto no parece transitar por un camino terso. La reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución es muy explosiva, porque entre las justificaciones que aparecen en el texto enviado al Senado se incluye una interpretación particular de las ideas del general Lázaro Cárdenas del Río, el líder que nacionalizó el petróleo. Esto ya ha dado lugar a un debate muy intenso con quienes sostienen que las ideas del visionario general están siendo tergiversadas (la versión del actual gobierno ha sido rechazada entre otros por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas), lo que no augura nada bueno, pues la propuesta de reforma constitucional se inicia así con una confrontación en la que aún no hay nada decidido.
