El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, advirtió que el Congreso se instalará el próximo primero de septiembre en San Lázaro y demandarán para ello garantías al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ya que se trata de uno de los poderes de la Unión.

Después de asistir como invitado especial a la reunión plenaria de los senadores priístas, Beltrones dijo que no van a tolerar que los maestros les impidan sesionar en San Lázaro. ‘‘El Congreso se va a instalar en su sede, nosotros no vamos a andar en otros lugares, nos tienen que dar garantías para ello’’.

Igualmente, el coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa, respondió a pregunta expresa sobre el riesgo de aplicar mano dura a los maestros: ‘‘No sé si habrá represión, sólo estamos pidiendo que dejen tranquila la ciudad y sesionar en nuestra sede’’. No se tolerará, dijo, que secuestren al Legislativo.

Al respecto, el presidente del PRI, César Camacho, consideró que ‘‘por muy respetables que sean sus planteamientos, no pueden subvertir el orden ni quitar la paz a los mexicanos’’.

En contraparte, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, expuso que el diálogo debe funcionar y se manifestó en contra de que se pretenda que el Gobierno del Distrito Federal haga uso de la fuerza pública contra el magisterio disidente en caso de que vuelvan a tomar las sedes de ambas cámaras.

Beltrones informó, por otra parte, que no habrá un periodo extraordinario los próximos días para dictaminar la Ley del Servicio Profesional Docente, pero dejó claro que es una prioridad y se atenderá en cuanto comience el período ordinario de septiembre, ya que además hay un mandato legal para darle celeridad.

La posibilidad de que se dictamine en las primeras sesiones del ordinario depende, dijo, de los acuerdos a que lleguen la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los senadores y diputados de las comisiones dictaminadoras de la tercera ley secundaria educativa pendiente.

El coordinador de los diputados del PRI hizo notar que de no aprobarse la Ley del Servicio Profesional Docente, ello irá en perjuicio de los mismos maestros que no quieren la evaluación, porque entonces tendría que hacerse directamente, sin una reglamentación precisa.

Ello debido a que el Congreso ya aprobó la semana pasada la Ley del Instituto Nacional de Evaluación, al que se le dio la facultad de decidir sobre el mecanismo evaluatorio a los maestros.