En tiempos recientes los defensores de los derechos humanos son víctimas de agresiones cada vez más cercanas y no únicamente por teléfono o correo electrónico. En ellas se involucran de forma directa servidores públicos de diversos niveles, quienes en años anteriores sólo se veían involucrados en dichos actos siendo cómplices de los grupos de la delincuencia organizada.

Así lo advirte el informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, realizado por el Comité Cerezo México y el colectivo Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), presentado ayer en las instalaciones del Centro Universitario Cultural.

Alejandro Cerezo, director de Acuddeh, manifestó que uno de los datos relevantes del informe es que en todo 2011 y hasta mayo de 2012 el tipo de agresión más recurrente en contra de los activistas era la amenaza (47 por ciento del total de los casos), pero de junio del año pasado a mayo de 2013 el hostigamiento directo ocupó el primer lugar, con 62 por ciento de 153 casos documentados en 19 entidades.

“Ello habla de que hay una mayor cercanía con la víctima. El Estado invierte más recursos financieros, tecnológicos y humanos para atacar a los defensores de los derechos humanos. Ya no es la clásica llamada telefónica o el correo electrónico. Ahora les están diciendo de forma directa ‘te vamos a matar, te vamos a encarcelar’”, enfatizó.

En el mismo sentido, en 2011 los servidores públicos solían verse involucrados en las agresiones contra activistas por aquiescencia, es decir, por complicidad pasiva con los grupos de delincuentes, pero desde finales del sexenio calderonista y lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto la participación de los funcionarios como autores directos de la violencia es cada vez mayor.

De igual manera, el informe revela que cada día son más frecuentes los operativos realizados por fuerzas conjuntas de grupos paramilitares y policías o soldados, y que los estados donde ocurrieron más ataques contra los defensores de las garantías básicas fueron Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, cuyas víctimas son hombres con más frecuencia (78.2 por ciento, contra 21.8 por ciento de mujeres).

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que el trabajo de Acuddeh y el Comité Cerezo México pone en evidencia el tema de la criminalización de la lucha social por un Estado autoritario y represor, que incluso ha legalizado sus acciones de violencia.

El antropólogo y analista político Gilberto López y Rivas aseveró, por su parte, que una vez desaparecido el Estado benefactor, la única función que las autoridades quieren asumir es la de mediatizar, controlar y reprimir las manifestaciones de descontento social, tomando como pretexto la llamada guerra contra el crimen organizado y el terrorismo.

Al acto asistieron también representantes de Amnistía Internacional y de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes resaltaron la coincidencia entre los datos del informe de Acuddeh y el Comité Cerezo con los análisis realizados por múltiples organismos nacionales extranjeros.