El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, negó que el pronunciamiento emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sea un aval anticipado a las autoridades, ante la posible represión contra los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El martes pasado, en un pronunciamiento en torno al conflicto magisterial, la CDHDF expresó que manifestarse y protestar no son derechos absolutos, por lo que no se debe descartar el uso legítimo de la fuerza para garantizar los derechos y libertades de las demás personas. Sin embargo, eso fue mal interpretado como un llamado al uso de la fuerza pública. El principal elemento aquí es, desde luego, el diálogo y la necesidad de que se agoten todas las vías para que se pueda solucionar el conflicto sin el recurso de la violencia, aclaró el presidente de la CDHDF.

Entrevistado en la conmemoración de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, González Placencia argumentó que el pronunciamiento fue un llamado tanto a los integrantes de la CNTE, quienes ejercen de manera legítima su derecho a protestar y manifestarse, como a las autoridades, que eventualmente podrían ordenar una intervención policial, a manejarse dentro de la legalidad.

Recordó que el uso legítimo de la fuerza pública es una facultad que tienen tanto el gobierno local como el gobierno federal, y que en caso de ejercerla deben cumplir con criterios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad.

Luis González Placencia, presidente de la CDHDFFoto Pablo Ramos

–¿Los policías están capacitados para ello?

–Justo por eso el llamado, porque hemos tenido situaciones en el pasado reciente, en diciembre pasado y en junio, de que no podríamos garantizar que el uso de la fuerza pública permaneciera en esos límites. Por eso es tan importante hacer este llamado y hacer esta suerte de advertencia.

–¿Hasta qué punto el derecho a manifestarse transgrede los derechos de terceros?

–Aquellos momentos en los que, por ejemplo, se puede poner en riesgo la vida o la integridad de otro ciudadano o ciudadana. Yo creo que ese es el punto clave. Hay otras afectaciones que obedecen a otro tipo de criterios. El tema aquí es que debe caber la prudencia en quien ejerce este derecho para efecto de que eso no se convierta en una situación permanente que dé lugar a medidas igualmente permanentes por el gobierno de la ciudad; es decir, que se altere trascendentemente la vida de la ciudad.

En tanto, Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que la lectura de que la CDHDF no objeta los actos de fuerza contra los miembros de la CNTE es inquietante, pues se deriva de la lectura desafortunada de algunos medios informativos, que en un ambiente de crispación se interpreta de forma equivocada.