Chilpancingo, Gro., 28 de agosto.

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) concluyeron este día el bloqueo que iniciaron el martes en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, cerca de la cabecera municipal de Cruz Grande, en demanda de la libertad de alrededor de 140 policías ciudadanos y la devolución de las armas que les fueron decomisadas en días recientes por elementos del Ejército y de la Marina.

Arturo Campos Herrera, promotor de la CRAC-PC en el municipio de Ayutla de los Libres, explicó que la decisión se tomó tras aceptar que organismos internacionales de derechos humanos, encabezados por Amnistía Internacional, sean intermediarios en la mesas de negociación con el gobierno federal, previstas para la próxima semana.

Manifestó que los 121 indígenas detenidos el martes por el Ejército Mexicano y la Marina, y los 19 de la semana pasada, no han regresado, por lo pronto nosotros nos retiramos y vamos a reorganizar el movimiento en las comunidades, dijo.

Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, dijo a su vez: Nos estamos reorganizando con los compañeros de los municipios de Huamuxtitlán, municipio de Olinalá, y de la comunidad de Tlatlauquitepec, en Atlixtac, la lucha sigue hasta lograr la libertad de nuestros compañeros presos políticos.

Fernando Reyna Iglesias, coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informó que por la mañana los policías comunitarios despojaron de un vehículo oficial a cuatro inspectores de la dependencia.

Los comunitarios indicaron que no devolverán ese ni otros cuatro vehículos retenidos, dos del ayuntamiento de Ayutla, uno de la Policía Federal y otro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado, hasta que sean liberados los policías comunitarios detenidos en los días recientes.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusó al juez penal de Acapulco, Juan Manuel Ordorica, de haber incurrido en una ilegalidad al dictar auto de formal prisión a Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC en Olinalá, cuando todavía no había concluido el término constitucional.

En este contexto, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Reyes Torres, demandó al gobernador Ángel Aguirre que dialogue con los dirigentes de la CRAC-PC para evitar más hechos de violencia. Admitió que algunas autoridades estatales pudieron haber incurrido en irregularidades en la detención y proceso judicial de Nestora Salgado, no descartamos que la líder de la policía comunitaria no tenga un debido proceso, concluyó.