Tijuana, BC, 29 de agosto.

El Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual señala que los funcionarios de primer nivel de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están obligados a practicarse exámenes de detección del uso de sustancias prohibidas cada año mientras dure su gestión.

Además, se estipula que el incumplimiento del examen toxicológico por parte de legisladores, magistrados, alcaldes, gobernador y funcionarios será considerado falta grave.

En la sala de sesiones de la legislatura estatal, presidida por Gregorio Carranza Hernández, se aprobó por unanimidad el antidoping obligatorio.

El presidente de la comisión de reforma, Víctor Navarro Gutiérrez, advirtió que esta medida busca que los ciudadanos tengan representantes populares y servidores públicos que trabajen con todas sus capacidades mentales por el bien común.

Antes del 31 de marzo de cada año, los servidores públicos deberán hacerse un estudio de detección de consumo de drogas ilícitas. La Secretaría de Salud se encargará de dichas pruebas.

Los sujetos a examen en el Poder Ejecutivo son el gobernador, el secretario general de Gobierno, los integrantes del gabinete ampliado, directores de paraestatales y órganos desconcentrados. En el Poder Judicial, son magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces y titulares de las unidades administrativas.

En el Poder Legislativo: diputados y directores de los órganos de apoyo parlamentario y administrativo, y en los ayuntamientos, alcaldes, síndicos, regidores y titulares de las dependencias municipales.