uienes quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la excusa de salir reprobados
en evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.
Pero lo más preocupante es que después de esta purga magisterial las aulas pueden quedar vacías. Pocos jóvenes querrán aceptar los bajos salarios y las precarias y anticonstitucionales condiciones laborales incluidas en la LGSPD, sobre todo con la intensidad de la dedicación profesional, emocional y física, y las largas jornadas laborales que se requieren para ser un buen maestro.
Los pocos remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos tecnócratas
de la educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección múltiple.
Y mientras se buscan nuevos profesores idóneos
que ofrezcan una educación supuestamente de calidad
, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar las filas de la delincuencia organizada.
La propuesta de LGSPD es profundamente autoritaria. Los perfiles, parámetros e indicadores
para evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo negocio.
Quienes conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio superior.
Otro grave problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.
Pero para realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos expiatorios y castigos ejemplares
. Y si se trata de facilitar despidos, muchas veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.
Finalmente, la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123 constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad de situaciones, supuestamente sin responsabilidad
alguna para la autoridad. Con estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a meros acuerdos administrativos.
Los maestros deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Twitter: @JohnMAckerman
