Madrid, 2 de septiembre.

El rey Juan Carlos de España entregó en 2004 un millón 200 mil euros a su hija, la infanta Cristina, y a su marido Iñaki Urdangarin, a manera de préstamo. El dinero sirvió para que los duques de Palma compraran un palacete en Barcelona valuado en seis millones de euros y cuya adquisición se investiga ante la posibilidad de que los recursos con los que se compró procedieran de los fraudes y delitos cometidos por Urdangarin entre 2002 y 2009.

El rey Juan Carlos depositó un millón 200 mil euros, que salieron de su cuenta personal, a la cuenta conjunta de los duques de Palma, a través de dos transferencias, cada una por 600 mil euros. Así lo confirmó la agencia tributaria española por medio de un informe entregado al juez instructor del caso, José Castro, que tiene abiertas numerosas diligencias sobre Urdangarin, a quien señala como el principal ejecutor de una serie de fraudes por más de 12 millones de euros saqueados de las arcas españolas.

La situación judicial de Urdangarin es delicada, no sólo por las pruebas en su contra, sino porque dada la gravedad de los hechos investigados la casa real decidió apartarlo de los actos públicos y de cualquier tipo de representación oficial. Asimismo, su esposa, la infanta Cristina, anunció recientemente que se irá a vivir a Suiza con sus hijos, al parecer motivada por un cambio profesional, pero también por los escándalos que siguen provocando en España las acciones de su marido. Un hecho que también precipitó su partida fue la publicación de una serie de correos electrónicos en los que Urdangarin dejaba claro que tenía una o varias relaciones extramatrimoniales, una de ellas con la esposa de un amigo común del matrimonio.

Ahora el juez Castro decidirá si el préstamo del monarca a su hija tiene relación con los delitos investigados y con las operaciones oscuras de entramado creado por su yerno y por su hija, a través de la empresa Aizoon y el Instituto Noos.

En otro escándalo de la política española que afecta al conservador Partido Popular (PP) y al actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, no respondió a las preguntas de por qué destruyeron pruebas del caso que afecta al ex tesorero Luis Bárcenas, en concreto, los discos duros de sus dos computadoras. Hemos entregado todo lo que teníamos y lo que teníamos obligación de tener.