yer, con motivo de la entrega de su primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión –trámite que fue realizado la víspera–, el presidente Enrique Peña Nieto pronunció un mensaje en el que, más que logros gubernamentales específicos y propiamente dichos, defendió el conjunto de reformas constitucionales y legales en curso en los temas laboral, educativo, de telecomunicaciones, transparencia, recursos energéticos y política hacendaria.

Los 10 meses transcurridos desde que el mexiquense llegó a Los Pinos constituyen un periodo insuficiente para remontar la situación de catástrofe en la que su predecesor, Felipe Calderón, dejó al país. Pero ese lapso habría debido bastar para formular y empezar a aplicar estrategias claras y definidas de gobierno, al menos en los ámbitos que más preocupan y afectan a la ciudadanía: el mal desempeño de la economía –con los graves impactos sociales que conlleva– y las persistentes inseguridad y violencia que se abaten sobre la sociedad.

Sin embargo, en esos y otros terrenos no hay a la vista políticas significativamente diferentes de las que estuvieron vigentes en el sexenio anterior ni, desde luego, cambios perceptibles en la realidad. En el ámbito de la política económica se ha seguido privilegiando los intereses corporativos privados por sobre las necesidades sociales y nacionales; pruebas de ello son que hoy el gobierno federal está empeñado en lograr la aprobación de una reforma energética no muy distinta de la propuesta hace poco más de cinco años por el panismo, y que persisten, sin cambios sustanciales ni expectativas de paz, la confrontación armada entre los grupos de la delincuencia organizada y las fuerzas públicas, el control efectivo de territorios por parte de la primera y los procesos de descomposición en las instituciones responsables, en los tres niveles de gobierno, de garantizar el estado de derecho, procurar e impartir justicia y prevenir y combatir el delito.

Aun así Peña Nieto aprovechó el momento político de su mensaje para abogar por las reformas aún pendientes, argumentando que éstas tienen como propósito quitar de una vez por todas los frenos que han limitado el crecimiento económico.

En lo que sí debe reconocerse novedad es en las formas usadas para promover tales modificaciones constitucionales y legales. El jefe del Ejecutivo federal las describió como una combinación entre el respeto a las minorías y el uso de todos los instrumentos del Estado democrático para lograr la aprobación de las reformas referidas. Asimismo, Peña exigió a las minorías que respeten a la democracia, a sus instituciones y a las libertades de todos, en clara referencia a los movimientos sociales que se oponen a las llamadas reformas educativa y energética.

Sin embargo, el recurso argumental a las mayorías –oficialistas, se entiende– tiene cuando menos tres puntos débiles.

El primero es el conjunto de cuestionamientos al proceso electoral del año pasado, que derivó en la llegada del propio Peña Nieto a Los Pinos, y que quedó señalado por la generación de una mayoría electoral formada con procedimientos irregulares, como el reparto masivo de bienes y recursos económicos para captar el sufragio de millones de personas en situación de pobreza.

Por otra parte, hablar de la mayoría en el asunto energético remite necesariamente a sondeos de opinión según los cuales la mayor parte de la población se opone a cualquier modalidad de privatización total o parcial de la industria petrolera, incluidas las que se enuncian en la propuesta oficial de reforma petrolera.

En tercer lugar, el espacio constitucional y legal de conformación de mayorías representativas, que es el Congreso de la Unión, ha sido remplazado por un mecanismo anómalo denominado Pacto por México.

Se sustituyó, así, la negociación, el diálogo y el debate en las cámaras legislativas por conciliábulos que se realizan de espaldas a la sociedad y a las instituciones; en ellos las cúpulas partidistas suscriben acuerdos que luego transmiten o imponen a sus respectivas bancadas, lo que deja al Legislativo como una mera formalidad legal y pervierte la esencia republicana de la vida parlamentaria. En el marco de ese pacto se integran, en efecto, mayorías tan poco representativas del mandato popular como la que aprobó, el domingo pasado, la impugnada Ley del Servicio Profesional Docente.

Tuvo lugar ayer, en suma, el cumplimiento de un ritual que desde 1988 ha tenido notables variaciones en la forma, pero que permanece inalterado en su esencia a lo largo de los sexenios: el divorcio entre el discurso y la realidad.