as manifestaciones continuas de los maestros están provocando un verdadero conflicto de intereses que las autoridades competentes deben remediar sin afectar las exigencias de los profesores. Me refiero de manera particular a que impiden el acceso a los tribunales y con ello generan consecuencias de extrema gravedad como es la que puede derivar de una inasistencia a una audiencia o la imposibilidad de presentar una promoción sujeta a plazo.

Ahora, entre otras cosas, se ha tomado la decisión de celebrar el informe presidencial fuera de la Cámara de Diputados, precisamente en Los Pinos, lo que no supondrá una violación constitucional, pero sí una seria alteración de una práctica permanente en nuestra vida política.

El problema estriba en que las manifestaciones no pueden ser impedidas porque, en última instancia, todos tenemos el derecho de circular libremente por nuestra ciudad, siempre que se trate de una acción ciudadana que ejercemos todos los días.

El problema de fondo tiene su gracia porque se trata de que sobre una relación laboral establecida, mucho después de que fue iniciada se pretende someter a los trabajadores a pruebas de aptitud, lo que evidentemente contradice el derecho fundamental a la estabilidad en el empleo.

Es obvio que un trabajador puede estar sujeto a un control en cuanto a su empeño y productividad, pero en modo alguno a una prueba de aptitudes que se supone son bien conocidas del patrón y probablemente motivaron la contratación. El examen a posteriori no se vale y con toda la razón los maestros se oponen a que se lleve a cabo.

Esto debe llevar a un control riguroso de la contratación, sin olvidar que la ley concede un plazo mínimo para que el trabajador compruebe las aptitudes que determinaron su contratación, pero en modo alguno un examen posterior. Habría que preguntarse, incluso, a quiénes se reconoce la aptitud para calificar y las formas de hacerlo.

El problema es más agudo cuando la forma de protesta consiste en suspender las clases, lo que olvida el deber fundamental de la sociedad de preparar adecuadamente a la niñez, con las consecuencias que ello trae consigo.

Como puede verse, el problema no es tan fácil de resolver, pero es evidente que la fórmula elegida no funciona en absoluto y debe buscarse otra en la que, reconociendo la seria existencia del deber educativo, se haga congruente con las responsabilidades laborales que el Estado debe asumir con los maestros.

Desde el punto de vista de las consecuencias secundarias para los litigantes a que antes me refiero, una solución mínima será declarar que son inhábiles los días en que no se permita el libre acceso a los tribunales, lo que atrasará la solución de los juicios, pero permitirá que no se sufran perjuicios inmerecidos.

Creo que los tribunales de toda índole, civiles, laborales, penales y cualquier otro, deben tomar medidas de inmediato para resolver este problema. Y desde luego que la Secretaría de Educación Pública debe buscar soluciones más adecuadas para mantener la enseñanza en manos capaces. El país lo agradecerá.