Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfilan para avalar hoy la restricción a los derechos humanos a los tratados internacionales firmados por México.

La ma­yoría respaldó un nuevo proyecto de dictamen que avala la restricción expresa de derechos en la Constitución, criterio que prevalecerá aun cuando se contraponga a tratados internacionales suscritos por el país.

Al continuar ayer la discusión de una contradicción de tesis sobre la jerarquía que tienen los tratados referidos en nuestro orden legal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reculó de su proyecto original y propuso uno nuevo, en aras de consensuar una postura del máximo tribunal sobre el tema. Es importante que todos cedamos en lo que nos parece esencial o insuperable para lograr avanzar.

La nueva propuesta fue de inmediato avalada por ministros que se habían manifestado en tres sesiones anteriores en contra.

El ministro presidente Juan N. Silva Meza, así como Sergio Valls, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Jorge Pardo, se pronunciaron en favor de este proyecto, con lo que suma seis de los 11 votos posibles. Se espera que en la sesión de este día se sumen más ministros.

Con ello, los tratados internacionales de derechos humanos serán aplicados siempre y cuando no contravengan lo establecido en la Constitución.

José Ramón Cossío fue el único que habló contra el proyecto, por considerar que reconocer mayor jerarquía a la Carta Magna era erróneo, cuando lo procedente era armonizar los derechos previstos en la Constitución con los de los tratados, para garantizar una mayor cobertura a los derechos humanos.

La norma más favorable

Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos instaron a la Corte a aplicar la norma que resulte más favorable a la protección de la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

En pronunciamientos por separado, demandaron a los ministros a que resuelvan conforme a la reforma al artículo primero de la Constitución de 2011 y confirmen la validez del principio pro persona, es decir, aplicar la norma que resulte más favorable a la protección de la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Cualquier resolución contraria, aseveraron, no solamente sería inconstitucional, sino también  construiría un paso hacia atrás  para la protección de los derechos humanos  en México, puntualizaron.