Frente a la demanda central de las principales fuerzas políticas de oposición de conformar un instituto nacional de elecciones (INE), la propuesta gubernamental admite la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), pero matiza los alcances del nuevo órgano al preservar los institutos locales en la materia.

En el planteamiento oficial se acepta la creación de un órgano electoral único, el cual asumiría las principales tareas de organización, incluidas la fiscalización, los programas de resultados electorales y los conteos rápidos, entre otras.

La propuesta, presentada ya para negociarla con los partidos políticos, mantiene, sin embargo, la existencia de las autoridades locales con facultades restringidas y nuevas reglas para su integración. En los cuestionamientos del PAN y del PRD a dichos órganos destaca la injerencia de los gobiernos estatales en la designación de sus miembros y la dependencia que ello implica en su operación.

En esa lógica, el planteamiento del sector gubernamental sugiere modificaciones al esquema para conformar los institutos locales, la forma de designar a los integrantes y los periodos que permanecerían en funciones, con el propósito de que sean transexenales.

Como parte de las propuestas oficiales que han comenzado a negociarse en el Pacto por México se plantean reformas constitucionales, entre otros, al artículo 41, para pasar del IFE al INE. A diferencia de la autoridad electoral actual, que cuenta con nueve consejeros electorales, el nuevo instituto estaría integrado por 11 miembros.

En el escenario presentado, el INE asumiría nuevas facultades, en comparación con las que tiene actualmente el IFE en las elecciones locales, restringidas ahora a la administración de los tiempos de Estado para las campañas, manejo del padrón electoral y quejas relacionadas con la propaganda en medios de información.

Se propone que el INE asuma partes sustanciales en la organización de los comicios, como la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (polémico en los recientes comicios de Baja California), que en la actualidad los diversos institutos locales los delegan a empresas privadas, así como la operación de los conteos rápidos. El nuevo INE tendría facultades para reglamentar encuestas y estudios de opinión a escala local.

De igual forma, se responsabilizaría de una fase decisiva de las campañas locales: la fiscalización de los recursos. Este tema ha sido muy criticado por la oposición.

En el planteamiento sobre las facultades del INE se le adjudica la responsabilidad de diseñar los programas de capacitación para los funcionarios de casillas.

En lo concerniente a los institutos electorales locales, se expone que se mantendrán “con facultades restringidas y nuevas reglas para su integración. Sobre esto último se recomienda que en el proceso de selección de los consejeros estatales se imponga como condición que surjan a partir de mayorías calificadas en los congresos locales.

Se asume la necesidad de modificar los requisitos de idoneidad profesional y política para quienes aspiren al cargo. Los cambios a los periodos de gestión, para que su duración sea transexenal, es la respuesta a las críticas opositoras sobre la dependencia a los gobiernos locales, pues además se incluye que la renovación sea de forma escalonada, estableciendo restricciones a los que hayan sido consejeros, sobre los cargos públicos que no podrían asumir al término de su gestión de un periodo.