La crisis financiera por la que atraviesan las instituciones de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –Issste–) se enfrenta con medidas de austeridad y uso eficiente de los recursos que se traducen, entre otras cosas, en disminución de inventarios de medicamentos en los almacenes del Seguro Social, sobre todo los de muy alto costo, que ahora se entregan directamente en las farmacias de las clínicas y se evita el gasto de almacenamiento; y con las compras consolidadas del sector, que representarán en las adquisiciones de 2014 un ahorro de más de mil millones de pesos, afirma el primer informe de Gobierno.

Reconoce que en la ruta de construir un sistema nacional de salud universal resulta indispensable resolver los problemas de estos organismos y sus deficiencias administrativas, a fin de lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos; y con ello fortalecer su viabilidad.

El documento señala que parte de la problemática se debe también al aumento en el número de adultos mayores y una mayor frecuencia de enfermedades crónicas de alto costo, así como a la presión que ejercen los regímenes laborales y de pensiones.

La solución de esto último requiere esfuerzos conjuntos entre la administración, los trabajadores, los sindicatos, los patrones y la población derechohabiente, dice.

En el caso del Issste, las deficiencias en el uso de los recursos son añejas y se reflejan en resultados que no están vinculados al cumplimiento de metas que beneficien a los derechohabientes.

A partir del presupuesto de 2014 se vinculó la partida de las unidades médicas, de prestaciones sociales y áreas administrativas con el cumplimiento de indicadores relacionados con la prestación eficiente de servicios a los derechohabientes sin dispendio.

El informe reconoce que este proceso tardará de dos a tres años, transcurridos los cuales el Issste deberá tener un uso racional del dinero en procedimientos terapéuticos, quirúrgicos y administrativos para realizar un mejor control del gasto del instituto, y como una base fundamental para el establecimiento del sistema de seguridad universal.

El informe advierte que ya están en revisión contratos de servicios médicos integrales –prestados por empresas privadas– en los servicios de cirugía cardiovascular y hemodinamia; cirugía de mínima invasión; hemodiálisis, endoscopía y anestesia, entre otros. El objetivo es reducir los precios. La dirección del Issste calcula que al mes de julio había logrado ahorros por 242.5 millones de pesos.

Lo mismo se realiza con los servicios de tecnología de la información –arrendamiento de equipo de cómputo, almacenamiento de información y centros de atención telefónica– los cuales también están a cargo de prestadores privados.

Junto con otras medidas en las áreas médicas y administrativas hasta el 31 de julio contabilizó ahorros por mil 650.5 millones de pesos.

Respecto del IMSS, el informe menciona que entre las medidas que ya se aplican para contener el crecimiento del gasto y hacer más eficiente y transparente el uso de los recursos está avanzar en las compras consolidadas de medicinas y material de curación con otras dependencias y entidades del sector salud.

El IMSS lidera el proceso para adquirir bienes por más de 42 mil millones de pesos y lograr un ahorro superior a los mil millones de pesos. El organismo continuará con la centralización de sus compras de ciertos bienes de consumo y con un mecanismo para optimizar la cadena de suministro de medicamentos.

Esto implica, entre otros, la reducción de inventarios de esos bienes en los almacenes institucionales sin comprometer el abasto para los derechohabientes; la entrega directa de los fármacos de alta especialidad y elevado costo en las unidades médicas e incluso con pacientes previamente identificados para evitar el gasto de almacén; y el uso de dosis únicas a fin de mejorar la distribución de los medicamentos en los hospitales, entre otros.

Otras acciones emprendidas por el organismo tienen que ver con la recaudación de aportaciones y cuotas obrero-patronales con nuevos procedimientos y sistemas informáticos que facilitan los trámites.