Casi siete años después y a un costo de mil 267 millones de pesos para su almacenamiento y resguardo militar, este miércoles el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el acuerdo para la destrucción de las boletas de las polémicas elecciones de 2006 cuestionadas en su recuento, una vez que, se justificó, fueron desahogados todos los recursos interpuestos a escala nacional e internacional para acceder a esa documentación.

Al resumir la larga travesía jurídica y geográfica de las boletas, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, destacó el resultado económico: “Hay que decir que el costo para los mexicanos de este prolongado almacenamiento y traslado ha sido muy alto. Sólo esta autoridad electoral ha erogado para este fin cerca de 130 millones de pesos.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional, a noviembre pasado, había destinado para la custodia de los paquetes electorales más de mil 137 millones de pesos. En ese lapso, explicó, las boletas pasaron de estar originalmente almacenadas en las 300 juntas distritales a 32 bodegas estatales y finalmente a una bodega nacional.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, llamó a dejar atrás una elección que dividió a la sociedad mexicana. Reconozcamos los principios de certeza y legalidad que prevalecieron en las resoluciones emitidas, tanto en el IFE como en las diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y en las instancias internacionales.

La consejera María Marván destacó la legislación electoral como garantía para los comicios y sostuvo que la destrucción de las boletas no pone en riesgo la democracia electoral; todo lo contrario, garantiza el funcionamiento de la misma. Queda claro, legal y políticamente, que pretender el acceso a las boletas sin la tutela legal establecida o pretender la conservación de las mismas, lejos de fortalecer el sistema electoral, lo pondrían en riesgo.

En este contexto, representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, que en su momento conformaron la coalición que impulsó a Andrés Manuel López Obrador en 2006, mantuvieron en el debate cuestionamientos a aquella elección. El perredista Camerino Márquez recordó que aún faltaba por resolver un recurso de acceso a las boletas de un distrito de Iztapalapa que no había sido finalizado.

El consejero Alfredo Figueroa destacó que toda elección en la que el margen de diferencia es tan estrecho (0.56 por ciento) fueron controversiales. Precisó que tras aquella elección se reformó la legislación de tal forma que se favoreció mayor transparencia en los cómputos y se introdujeron nuevas causales de apertura de paquetes.

La consejera, Macarita Elizondo aludió al último recurso que se resolvió en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en sus conclusiones reconoció que de los hechos denunciados no se desprendía una vulneración de disposición alguna del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (que) es de suma importancia para el efecto de que no se entienda denegación del acceso a la información en forma de boletas físicas, dada la finalidad de garantizar la integridad del proceso electoral en un sociedad democrática.

Finalmente, el consejero Marco Antonio Baños informó que una vez aprobado el acuerdo, los diversos procedimientos previos implicarán que la destrucción de las boletas sea en el mes de octubre.