Guadalajara, Jal., 6 de septiembre.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) multó con un total de 2 millones 600 mil pesos a dos empresas dedicadas al cultivo de chile en los municipios de Talpa de Allende y de Cocula, en represalia porque emplean menores y no otorgan las prestaciones de ley.

A mediados de agosto, autoridades federales, estatales y municipales habían firmado un convenio con agroindustriales para evitar la explotación de jornaleros migrantes que cada año llegan de estados del sur del país a trabajar en las cosechas de campos agrícolas del estado, señaló la dependencia.

La empresa con razón social Eracleo Rico Robles, asentada en la comunidad de Potrero el Zapote, municipio de Cocula, fue multada por encontrar laborando a 10 menores en condiciones insalubres. La sanción asciende a un millón 333 mil 300 pesos.

En otra de estas empresas, con domicilio en el municipio de Autlán y con campos agrícolas en Talpa de Allende, representada por Alberto Gómez Bucio, se detectaron seis trabajadores de 12 a 15 años que realizaban trabajos considerados de riesgo, en particular por el uso de cuchillos para cortar chile.

La compañía fue multada por un millón 333 mil 300 pesos, de los cuales 971 mil fueron por los menores trabajadores, además de haber omitido en tiempo y forma los requerimientos señalados por la autoridad para otorgar las prestaciones de ley de 34 trabajadores, como se convino con la STPS, para evitar la sanción.

La fuente de trabajo incurrió en diversas irregularidades al no demostrar que dichos trabajadores contaban con las prestaciones de ley, omisión por la que se aplicó una multa equivalente a 2 mil 500 salarios mínimos vigentes, con lo que dicho monto es de 161 mil 900 pesos, precisó la STPS en un comunicado.

Las inspecciones de la STPS se iniciaron luego que en junio la empresa Bioparques de Occidente fue denunciada por varios jornaleros que escaparon de sus campos agrícolas en el municipio de San Gabriel y pidieron apoyo a las autoridades por las condiciones de semiesclavitud en que vivían.

Tras un operativo las autoridades estatales rescataron a 275 trabajadores y luego sancionaron con un millón 740 mil pesos a dicha empresa.

A mediados de agosto y luego de un diagnóstico realizado en julio por la STPS que confirmó la explotación laboral, sobre todo a jornaleros indígenas migrantes, su titular Eduardo Almaguer promovió la firma de un convenio con los agroempresarios para terminar con esta práctica abusiva.

Condiciones precarias

En ese diagnóstico quedó claro que hasta 90 por ciento de los miles de indígenas jornaleros y sus familias además del maltrato laboral, vivían en condiciones precarias en campamentos insalubres sobre todo en municipios de las regiones Ciénaga, Sur, Costa Sur y Sierra Occidental.

El convenio firmado el 12 de agosto por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 18 presidentes municipales de localidades donde existen empresas que contratan jornaleros, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la delegación federal de la Secretaría del Trabajo, no han logrado terminar con la explotación; sin embargo la STPS reafirmó su compromiso de continuar con las inspecciones y sancionar a quienes lo incumplan.