Sin el respeto a las leyes que la misma sociedad dominante crea, continúan las obras con las que pretenden despojar a dos pueblos indígenas de los ríos Yaqui, en Sonora, y San Pedro, en Guerrero, con el fin de llevar el agua a Hermosillo y Ometepec, respectivamente, pese a que, en el primer caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo en mayo y lo ratificó hace un mes.

Así lo denunciaron participantes del foro Crónicas del despojo, realizado ayer en el auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se abordaron los casos de despojo del agua a los pueblos yaqui y amuzgo, lo cual afecta no sólo sus economías y sociedades, sino su cultura, ya que su existencia está estructurada a partir de esos afluentes.

En el foro participaron Giovanni Velázquez, David Valtierra, Andrea Cerami y Luis Hernández Navarro, quienes responsabilizaron de estos proyectos hidráulicos a los gobernadores Guillermo Padrés Elías, de Sonora, y Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes han preferido beneficiar con el recurso natural en disputa a industriales, mineros y ganaderos, en perjuicio de las comunidades de Vícam y Xochistlahuaca, entre otras.

La lucha de la tribu yaqui en defensa de su río, dijo Velázquez, se remonta a 1533, y el asedio en su contra se acentuó desde hace 70 años, pese a que el presidente Lázaro Cárdenas les otorgó 50 por ciento del beneficio de la presa Angostura, la cual se ubica más arriba del embalse de El Novillo, de donde ahora se entuba el agua para llevarla a Hermosillo.

Por ello, este parece ser el momento más difícil de la historia de despojo y exterminio que ha enfrentado el pueblo yaqui.

En cuanto al río San Pedro, comentó Valtierra, las obras se han realizado con hermetismo y sin consultar ni avisar a las alrededor de diez comunidades amuzgas, mixtecas y afromexicanas que dependen de ese caudal.

Beneficios para mineras

Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró que el agua que se pretende llevar a Hermosillo beneficiará sobre todo a empresas mineras, más que a los habitantes. El despojo del río Yaqui, planteó, es paradigmático de cómo funcionan las cosas en México en materia social, ambiental y legal.

Como contexto, Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, destacó que a partir de la firma del TLC, la instalación masiva de maquiladoras en la frontera norte y el desplazamiento de México como uno de los principales países con mano de obra barata, el gobierno realizó la apertura indiscriminada de empresas contaminantes sin ningún tipo de control oficial, lo que ha generado la pérdida de soberanía ambiental.

El foro consta de otras dos mesas: una sobre la energía eólica, que el 4 de octubre abordará el caso del istmo de Tehuantepec, y otra acerca de la minería, que el 8 de noviembre se referirá al territorio sagrado de Wirikuta, también en el auditorio de Ciencias.