racasaron. Pero se guardaron una carta. El secuestro del general en jefe del ejército, René Schneider, a manos de miembros de las fuerzas armadas, encabezados por el general Viaux. Su objetivo, decantar la decisión del Congreso eligiendo a la segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri, quien obtuvo 34.4 por ciento de votos. La resistencia que opuso el general Schneider, haciendo uso de su arma reglamentaria, acabó en asesinato. Desde ese instante el imperialismo, la derecha política, la oligarquía terrateniente y la burguesía chilena unieron fuerzas. El 11 de septiembre de 1973 su estrategia había triunfado. Las fuerzas armadas alzaban sus armas contra el gobierno legítimo y constitucional, y el pueblo chileno enarbolando para la ocasión los valores patrios amenazados por el marxismo-leninismo y la subversión comunista. Así lo hizo saber en el bando número cinco del 11 de septiembre de 1973:

Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia; que el gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probablemente fracasadas (...), las fuerzas armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría social, la cual de por sí, ante Dios y ante la historia hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir.

2. Las justificaciones del golpe.

Tres fueron los elementos esgrimidos por las fuerzas armadas para romper el orden constitucional: I) el caos económico y la violencia política; II) la inconstitucionalidad del gobierno en el ejercicio del poder; III) un supuesto autogolpe, adjetivado como plan Zeta, orquestado por la Unidad Popular para tomar el poder, destituir a la cúpula del ejército y los partidos políticos de la derecha, decretando la instauración de la República Popular bajo la bandera de la dictadura del proletariado y, de paso, asesinar a los principales opositores.

Estos tres elementos fueron urdidos como parte de la estrategia para dar legitimidad al golpe de Estado del 11 de septiembre. El primero de ellos, el caos económico y la violencia política, sigue vigente para explicar el periodo y la política económica de la Unidad Popular. Los ejemplos para dar credibilidad a su argumento se centran en la condescendencia del gobierno hacia las tomas de terrenos de pobladores, fundos por campesinos e industrias por trabajadores, así como la expropiación de grandes empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica y ataque a la propiedad privada. Nada dice del acaparamiento de mercancías, repuestos automotrices, alimentos, etcétera, destinados a fomentar el mercado negro y el desabasto. Una trama perfectamente diseña para provocar desazón popular y desafección al gobierno. Los primeros productos en desaparecer de los establecimientos fueron aquellos que sicológicamente producen un estado de ánimo bronco. El jabón, la pasta de dientes, el azúcar, el papel higiénico, la harina, el aceite, el té o el tabaco. Así lo señala Eduardo Frei a la hora de justificar el apoyo de la Democracia Cristiana a la Junta Militar y Pinochet, en carta dirigida a Mariano Rumor el 8 de noviembre de 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: “¿era la DC fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, el mercado negro, la escasez y el hambre? Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades, y preguntar cómo era necesario hasta 10 horas de colas para conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía. ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, escasez y mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? (...) Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Más aún: se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuando más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida”.

La Unidad Popular pasó a la historia oficial como articuladora de un proyecto económico fracasado, totalitario y estatista, generador del caos. De tal manera las fuerzas armadas estarían facultadas para intervenir, restablecer la estabilidad económica, la libertad de mercado y la paz social. Así nace el discurso neoliberal de un nuevo Chile ganador, de un país diferente al resto de América Latina y moderno, precursor de la globalización gracias a la acción eficaz de las fuerzas armadas.

El segundo argumento, la ilegitimidad del gobierno en el ejercicio del poder, se fue construyendo poco a poco. Sólo hacía falta poner en consonancia los poderes Judicial y Legislativo, así como la contraloría general del Estado, a lo que se sumarían colegios profesionales, universidades y medios de comunicación controlados por la derecha. Sin pudor se trató de arrinconar y vetar todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo, cuestionando la posible constitucionalidad de sus medidas. Primero fueron acusaciones a sus ministros y una campaña mediática perfectamente orquestada. Y a partir del frustrado intento de la derecha de conseguir los dos tercios del Congreso para destituir constitucionalmente al presidente en elecciones del 4 de marzo de 1973, se opta por el golpe de Estado. La intentona del 29 de junio será un punto de inflexión. Lo siguiente, elaborar un estudio demostrando el fraude electoral cometido por la UP en las legislativas de marzo. Dicho estudio se financió desde la Universidad Católica y fue presentado a la opinión pública en julio de 1973. Sus argumentos: la progresión de los votos de la UP, según ellos, iba en franco retroceso y no podía, salvo fraude, obtener más de 35 por ciento. Cualquier cifra superior, llegó a 47 por ciento, significaba que el censo electoral había sido modificado en su beneficio. Las elecciones eran papel mojado. Nada más qué decir. Para corroborar su hipótesis apostillaban que el sentir mayoritario de los chilenos era destituir al Presidente. El documento circuló profusamente entre las fuerzas armadas. A continuación, como parte de la trama, la Contraloría General del Estado declara parcialmente inconstitucional el decreto que reformaba las tres áreas de la economía presentado por el Ejecutivo. Nada más producirse ese hecho, el 8 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, en declaración conjunta señalan que Chile vive un momento de crisis de extrema gravedad, debido a que una minoría ha querido imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza. A continuación, El Colegio de Abogados declara que en Chile se ha roto el ordenamiento jurídico. Y en un acto sin precedente, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una declaración cuyo destinatario es el presidente Allende. En su interior se subraya la ilegitimidad del gobierno. En su epígrafe quinto y sexto señala: 5º (...) es un hecho que el actual gobierno de la república, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por el Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; 6º Que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho.