Ninguna entidad federativa del país ha emitido alerta por alta incidencia de feminicidios, pese a que los casos de agresiones de género son cotidianos y cada vez más violentos.

Lo anterior se debe a que en la estructura de decisión, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la alerta es votada por las enviadas de los institutos de las mujeres, ante quienes los gobernadores cabildean para que no lo hagan en favor del inicio de una investigación, incluso cuando hay una crisis.

Definitivamente, han imperado los criterios políticos; los propios funcionarios estatales y federales cabildean para que no prospere el inicio de la investigación de la que se derivaría la alerta, dijo una partícipe central del sistema, consultada por este diario.

Debido a la presión de organizaciones civiles y a la inconformidad de algunos integrantes de dicha instancia ante lo que en los hechos es un bloqueo al inicio de investigaciones, se prepara un nuevo reglamento para su operación.

El objetivo es que sea un comité de expertos –no los votos de poco más de 30 participantes– el que evalúe la dimensión y características de la violencia contra las mujeres, a fin de que no haya excusas para alertar de una situación grave.

El sistema se desprende de la ley en la materia, pero al paso del tiempo sus propios integrantes aceptan que el mecanismo no sirve con la estructura actual. En los debates internos, a veces justifican que los estados hacen su trabajo sólo porque ya modificaron sus códigos penales o porque en el periodo denunciado no estaba tipificado el feminicidio.

Sin embargo, ha habido casos, como el de Hidalgo, en el que se votó en contra sólo porque esa entidad no está en los primeros lugares de la lista con más alto porcentaje de homicidios de mujeres y de trata de personas.

Hace algunos meses, la entonces comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Dilcya García, precisó que ocho entidades, encabezadas por el estado de México, concentraban 61 por ciento de los homicidios de mujeres, por motivos de género; tan sólo ahí se acusaban 20 por ciento de los casos de uso excesivo de la fuerza en las formas de estrangulamiento, golpes, mutilación y quemaduras, entre otras. (La Jornada 8/3/13)

La funcionaria explicó que en los puntos críticos de alta incidencia de violencia de género sigue ocurriendo un fenómeno de contagio de una localidad a otra.

Las entidades con mayor porcentaje de muertes de mujeres en la década pasada (última cifra disponible) son el estado de México y sus vecinos Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal, así como Chihuahua, Veracruz, Jalisco y Oaxaca.

Asimismo, en semanas recientes se ha denunciado la prevalencia de un nivel de violencia muy alto en Oaxaca, aunque según fuentes del sistema, no basta con que una organización civil o un legislador hagan el señalamiento público; es necesario que canalicen el caso en la ventanilla de esa instancia, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

El 16 de julio pasado, el sistema ratificó su negativa de iniciar una investigación para determinar si emitía una alerta; en esa ronda, 33 votaron en contra y sólo tres en favor, pese a la documentación de casos que hicieron organizaciones no gubernamentales.