Integrantes de la Unión Cívica Primero de Mayo –organización perteneciente al Frente de Mexicanos en el Exterior– manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma migratoria S-744 (ley de seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración), que se discute en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, por considerar que esconde la discriminación, pues los mexicanos serán considerados ciudadanos de cuarta clase, e intensifica la criminalización de los indocumentados, al tiempo que exigieron el cese inmediato de las deportaciones.

Queremos una reforma migratoria justa y digna para los migrantes, que con su sudor y trabajo han contribuido a la economía de Estados Unidos y a la de México mediante las remesas, apuntó Alma Elizabeth López.

Para los activistas, la reforma no representa una solución real para los cerca de nueve millones de mexicanos indocumentados, pues apenas la mitad podría cumplir con los requisitos para aspirar a la residencia permanente y cubrir la cuota económica del proceso, además de que éste puede durar más de 10 años.

Esta reforma limita los derechos humanos y permite el trato a los mexicanos como ciudadanos de cuarta, sostuvo Estanislao Páramo Hernández, secretario general de la agrupación, quien subrayó la necesidad de que se deseche la iniciativa y se busque una reforma migratoria con un nuevo proyecto donde se consulte a las organizaciones de migrantes.

De 2000 a 2010, indicaron, casi tres millones de mexicanos indocumentados han sido deportados, lo que ha conllevado una ruptura en sus familias.

En conferencia de prensa realizada en el Museo Casa de León Trotsky, también externaron su repudio a la militarización de la frontera y un mayor control de la población migrante, pues ello agravará la violación a los derechos humanos de ese grupo.

Por su parte, María García, presidenta del Movimiento Binacional Migrantes Aztlán, advirtió que los gobiernos federal y estatales no están listos para recibir a los miles de migrantes mexicanos que son y serán repatriados.

Ellos llegan desarraigados, sin recursos económicos, con secuelas sicológicas por lo que han vivido y aquí no hay programas de recepción.

Además, alertó, hoy son deportados, pero ayer eran contribuyentes. Las remesas que ellos enviaban y que ya no va a recibir el país va a tener un impacto.